Víctimas del olvido

Murcia

Las víctimas -un total de 176 en la región de Murcia, agrupadas en Amuvite- se sienten desamparadas y olvidadas de la administración, que si bien fue pionera en hacer una ley de víctimas que pretendía dar respuesta a las necesidades de las familias afectadas por atentados terroristas, nunca la ha desarrollado. Todo, pese a las múltiples promesas, y tras reiterados incumplimientos.

Luis Beñago, presidente de Amuvite, critica que ninguna de las administraciones regionales que han pasado durante este tiempo "ha tenido nunca intención de desarrollarla". Lamenta que además, los acusen de perseguir sólo un interés económico, cuando hay aspectos relacionados con el trabajo o la vivienda -que recoge la ley- que son necesarios para las víctimas.

Antonio Frutos es guardia civil, sufrió un atentado de ETA en la Casa Cuartel de Zaragoza en el 87 en el que murieron 11 personas, y asegura decepcionado, que el actual ejecutivo no va a hacer nada por las víctimas en esta legislatura.

Manuel Mata, también guardia civil, sufrió atentado en Madrid en 1986, con 14 muertos y 50 heridos. Dice sentirse agraviado y discriminado, pues ahora se le da voz a los terroristas con Otegui a la cabeza en Bruselas, mientras que a las víctimas no se les escucha en esta región.

Lamenta Manuel que en este país se hagan leyes que luego no se cumplen, y achaca esos incumplimientos a que son pocos los afectados y por tanto, no son un granero de votos importante para los partidos

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Otra historia es la de Juan José García, también guardia civil que sobrevivió al atentado de Plaza República dominicana de Madrid. Ha sufrido desde entonces 26 operaciones quirúrgicas, y tiene un 67% de incapacidad. Las secuelas físicas son evidentes, pero las psicológicas aún perduran. Son víctimas de por vida.

La asociación ha pedido ayuda a los partidos políticos, de momento ha sido únicamente el PSOE y su grupo parlamentario de la Asamblea Regional quienes les han escuchado. El diputado Joaquín López ha registrado esta misma semana una iniciativa en la Cámara, sin fecha aún para debatirla, donde recoge las demandas de este colectivo al que la democracia tiene una deuda con ellos.

Según López Pagán, están exigiendo al gobierno regional que deje de marear a estas personas, que resuelvan cumpliendo la ley escrupulosamente, porque -asegura- "escudarse en las dificultades económicas que sufrimos es injustificable".

Respuesta del Gobierno regional

Desde el Gobierno de la Región de Murcia han contestado a estas afirmaciones en los micrófonos de la Cadena SER a través de un comunicando en el que sostienen que "estamos trabajando conjuntamente y de forma consensuada con las asociaciones de víctimas de terrorismo para recoger sus propuestas en la puesta en marcha de un plan global de acciones y servicios concretos, de todas las consejerías, para apoyar a las víctimas y a sus familias".

En este sentido, explican que "las asociaciones conocen desde el primer momento la disponibilidad total de este Gobierno a trabajar con ellos y a atender sus demandas" e insisten en que "se mantiene una relación muy estrecha con las asociaciones y han sido numerosas las ocasiones en las que se han reunido durante estos meses".

Dice también el ejecutivo autonómico que "las consejerías de Presidencia y Hacienda están trabajando en un plan de viabilidad económica para que las víctimas puedan recibir las ayudas económicas, antes de que finalice la legislatura".