Tres meses de incertidumbre tras el cierre de Funnydent

Alcobendas

Un jueves 28 de enero los clientes se encontraban las clínicas dentales de Funnydent cerradas, sin ningún tipo de explicación. Ni siquiera para los trabajadores que comprobaron que durante la noche las cerraduras habían sido cambiadas o directamente los locales habían sido desmantelados.

El cierre de las nueve clínicas de Funnydent, siete de ellas en la Comunidad de Madrid, dejo a miles de afectados con los tratamientos bucales a medias. La clave de esta clínica eran los préstamos que ofrecían a los clientes para pagarse el tratamiento de una forma cómoda. Esta fue la segunda preocupación de los afectados que recibieron con alivio su paralización “al ser préstamos vinculados a un servicio que no se estaba cumpliendo”.

En estos tres meses algunas financieras han propuesto la finalización de los tratamientos en otra red de clínicas dentales, en otros casos los afectados han acudido a la Clínica de la Universidad Rey Juan Carlos con precios rebajados gracias un convenio firmado con los ayuntamientos de las localidades afectadas.

Los afectados reclaman más ayuda de las administraciones para acelerar los procesos. Gloria Terrado, afectada de la clínica de Funnydent de Alcobendas afirma que ahora están consiguiendo los historiales clínicos – algo que ha dificultado mucho la atención inicial de urgencia de sus casos.

Su indignación ha crecido desde que el juzgado número 4 de Navalcarnero dejara en libertad al dueño de la clínica, detenido pocas horas después del cierre y que sigue acusado de un delito de estafa. Gema Rodríguez, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados de Fuenlabrada cree que al final el dueño de la clínica “se irá de rositas” porque solo tiene un delito de estafa y “debería estar acusado también de estafa a la seguridad social”.

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Los afectados han convocado una gran manifestación en Madrid capital para dentro de un mes, de forma previa se desarrollarán concentraciones en los municipios afectados; en Alcobendas será el próximo día 8 de mayo. Con estas movilizaciones lo que quieren es exigir a las administraciones más control y vigilancia sobre este sector “para que no vuelva a pasar lo mismo”.

El proceso judicial recoge un total de 2.481 denuncias por un valor estimado de 8.839.555,46 euros.