Los recursos contra Landete no afectarán a la celebración del juicio
Fuentes de la Fiscalía, consultadas por la SER, aseveran que no se investigó al magistrado al no tener credibilidad las acusaciones del testigo protegido
Santa Cruz de Tenerife
Las dos recusaciones presentadas contra Joaquín Astor Landete, el presidente del tribunal especial que celebrará el juicio por el denominado "caso Las Teresitas", el próximo 12 de septiembre no influirán en la celebración de la causa. Según indicó a la SER, el abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura, las recusaciones no van a influir en la fecha del juicio y además adelantó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolverá los recursos antes del mes de julio. Precisamente, Pérez Ventura insiste en que Landete no debería juzgar la causa argumentando que en una declaración de un testigo protegido en 2009, se hacía referencia indirecta al citado magistrado. "Esa declaración proyecta una sombra a la apariencia de imparcialidad y, por tanto, debería ser apartado", señaló Pérez Ventura. Fuentes de la Fiscalía consultadas por la SER han asegurado que nunca se investigó las declaraciones del testigo en relación a Landete pues carecían de credibilidad y de base.
Recusaciones
Las dos recusaciones han sido presentadas en los últimos meses, justo en la fase final de la instrucción del caso. En la primera de ellas, una de las acusaciones, ejercida por la asociación Justicia y Sociedad, pide que no participe en el juicio el presidente de la Audiencia, Joaquín Astor Landete, con el argumento de que existe una declaración de un testigo protegido que describe a ese magistrado como "el hombre en los tribunales" de Ignacio González, uno de los principales encausados. La segunda recusación ha sido formulada por el imputado Manuel Parejo, que solicita que ninguno de los tres magistrados de la sección segunda lo juzguen, porque ellos mismos componían el tribunal que confirmó su condena en el llamado "caso Mamotreto”. En el caso de "Las Teresitas", la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los doce procesados, entre los que figura el alcalde de la ciudad cuando se cerró esa operación urbanística, Miguel Zerolo, exsenador de Coalición Canaria.