El PP vulneró la Ley de Contratos en MARE
La auditoría realizada por la intervención general revela incidencias en contrataciones realizadas durante 2013 y 2014
El ex presidente regional, Ignacio Diego, en la inauguración del vertedero de El Mazo, en febrero de 2015.(Gobierno de Cantabria)
Santander
El Gobierno de Cantabria ha remitido a los medios de comunicación el documento íntegro de la auditoría que recoge “incidencias” en la gestión de la empresa pública MARE y pone de manifiesto que su anterior director general, Antonio Zabala, formalizó contratos sin tener facultad para ello.
La intervención ha analizado 29 expedientes de contratos mayores seleccionados como muestra y varios pedidos y contratos menores y ha encontrado incidencias tanto en la fase de preparación, como en la selección del adjudicatario, la formalización del contrato y la ejecución.
De acuerdo con la auditoría, MARE adjudicó en los años 2013 y 2014 un total de 64 contratos mayores, un 39,06 por ciento por el procedimiento restringido, el 26,56 por ciento por el procedimiento abierto, un 16,63 por ciento de manera directa, el 10,9 por procedimiento negociado con publicidad y un 7,81 por ciento negociado sin publicidad.
Intervención advierte de que en todos los contratos mayores adjudicados de manera directa se incumplen todos los principios contractuales a los que está sujeta la entidad.
Se evidencian casos en los que el procedimiento de adjudicación empleado por MARE no fue el correcto, bien por ese procedimiento de adjudicación directa o por el importe final.
La intervención pone de relieve que no se ha garantizado oportunamente el principio de publicidad en la licitación de los contratos, al no haberse anunciado en ningún diario oficial nacional y tampoco en ninguna plataforma de contratación de la comunidad.
Sobre los contratos menores, Intervención destaca que MARE contrató pedidos por un importe que, en realidad, se corresponde con un contrato mayor y que se incumplieron los principios de publicidad y concurrencia.
La auditoría señala que ninguno de los contratos analizados había sido autorizado por el Consejo de Administración de MARE, sino que la adjudicación recayó o bien en su presidente o bien en el director general, a pesar de tratarse, en muchos casos, de contratos significativos, de elevada cuantía y con una amplia vigencia.
En el caso de los contratos celebrados por el director general, la Intervención ha comprobado que en todos los analizados con un valor superior a los 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos que rigen la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional la hace el director general, cuando no dispone de tales facultades.
Intervención ha encontrado también varios supuestos en los que el contrato primitivo fue modificado tras su adjudicación sin que se hubiera autorizado ni aprobado por el órgano de contratación competente. Las prorrogas tácitas tampoco eran autorizadas por el órgano con competencias.
Advierte, así mismo, de que desde julio de 2011, el presiente del Consejo de Administración pudo realizar toda clase de contratos sin límite alguno de objeto o cuantía, lo que a juicio de la Intervención constituye un "importante riesgo de control interno”.
La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, comparecerá este lunes en rueda de prensa para analizar el contenido de esta auditoría, realiza conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente y Auditoría Pública de 2015 y que la intervención empezó a elaborar el septiembre del año pasado.
