Soria: Dos décadas de convulsa vida política

Las Palmas de Gran Canaria

José Manuel Soria aterrizó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en junio de 1995 con mayoría absoluta. Una joven promesa de la derecha de 37 años que nada más entrar en el consistorio cambió las formas de hacer política en las islas, imprimiendo su particular sello basado en el control de los medios, de su partido que dirigía manu militari, en la humillación a sus rivales y la defenestración de aquellos que intentaran cuestionarle en el PP canario.

Su primera decisión polémica fue la de pagar un billete de avión a los mendigos de la ciudad, lo que la oposición denominó como operación puente de plata para la pobreza. Soria se defendió insultando al portavoz socialista diciéndole que hablaba bajo los efectos de la "sobredosis etílica, conociendo sus hábitos y debilidades".

Esa misma fórmula la volvería a repetir seis años más tarde, en su segundo mandato de abrumadora mayoría absoluta, cuando centenares de inmigrantes que habían cumplido los 40 días de retención en el centro de internamiento de Fuerteventura pernoctaban en el céntrico Parque Santa Catalina. Ante las quejas de algunos empresarios, Soria decidió expulsarles de la isla trasladándolos en autobuses al aeropuerto en el último vuelo a Madrid. Esa decisión le propició duras críticas del entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, y del propio Rajoy que entonces era ministro del Interior.

Su arrogancia dominaba su acción política como cuando humilló al edil de CC, Marino Alduán, durante 10 horas por acusarle de recalificar un terreno urbanizable propiedad de su hermana que pretendía construir unas viviendas ganando más hectáreas de suelo público. La operación urbanística más controvertida fue la compra de la Favorita en 2002, una antigua fábrica de tabaco que el Ayuntamiento pretendía convertir en almacén municipal. El consistorio lo compró por 12 millones de euros, es decir, tres veces más su valor real para lo que pidió un crédito y cambió al jefe de patrimonio por un técnico municipal para esquivar incómodos informes. Tras ocho años como alcalde de la ciudad más poblada de Canarias, Soria se convierte en presidente del Cabildo de Gran Canaria. Ordena bajar el sueldo a la oposición y elevar siete escalones el salón de plenos para estar por encima del resto de consejeros.

Soria se trabajó no sólo su estética, siempre impoluta, sino sus tics nerviosos que le hacían mover de forma convulsiva su cuello, que le delataba cuando padecía algún apuro. Aplicó técnicas populistas como cuando empleó 360.000 euros para izar una gran bandera de Gran Canaria en plena avenida marítima de la ciudad. Todo le sonreía en aquellos alegres años de bonanza económica hasta que estalló el primer caso de corrupción política que afectaba al PP en 2005. Una trama para favorecer a determinados empresarios en el reparto de las licencias eólicas del concurso público a cambio de sobornos durante la etapa en la que el hermano del ministro, Luis Soria, dirigía la consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Entre los imputados, empresarios, funcionarios de la comunidad autónoma, del Cabildo de Gran Canaria y el propio director general de Industria, Celso Perdomo. Su hermano tuvo que comparecer en la comisión de investigación parlamentaria creada para esclarecer lo sucedido. Uno de los denunciantes, Francisco Cabrera, técnico del Cabildo de Gran Canaria, llegó a acusar a José Manuel Soria de vivir gratuitamente en el chalet de Javier Esquivel uno de los empresarios, imputado en esta causa. Soria le denunció por injurias pero la justicia la archivo.

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A los pocos meses saltó el caso Faycan, una trama ideada en torno al PP en Telde, municipio natal del ministro, ahora uno de los ayuntamientos más endeudados de España, para financiar la reforma de la sede local del partido, pero el dinero de las comisiones ilegales a cambio de obras públicas acabó en el bolsillo de particulares. Por esta causa fueron imputadas 18 personas, entre ellas todo el grupo de gobierno municipal del PP incluyendo a su principal implicada, la edil Toñi Torres, que terminó suicidándose cuatro años más tarde. Ambos casos aún siguen sin señalamiento de juicio 11 años después aunque el pasado año estuvo a punto de poner fecha el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, quien fuera viceconsejero de Justica con el PP porque el magistrado consideraba que el juicio podría perjudicar a la campaña electoral de una de las imputadas, la ex alcaldesa, Mari Carmen Castellano.

Sin embargo el caso que apuntó directamente al también presidente del PP de Canarias fue el Salmón. La justicia trataba de esclarecer la vinculación entre la invitación en un jet privado de un empresario noruego a la pesca del salmón con el proyecto urbanístico que afectaba a ese empresario cuando Soria fue presidente del Cabildo de Gran Canaria. La causa fue archivada, la juez instructora no consideró probado el soborno aunque sí confirmó la existencia del viaje en jet privado. Soria, en aquellos años convulsos años de escándalos encadenados, se apuntó la teoría de la conspiración acusando al entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de usar los instrumentos del Estado contra el PP.

Como ministro de Industria se quedó sólo en la defensa de las prospecciones que Repsol pretendía hacer en aguas cercanas al Archipiélago, generándole un gran rechazo social y político en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. El penúltimo escándalo en el que se vio involucrado Soria ocurrió este mismo verano por unas polémicas vacaciones pagadas por Enrique Martinón en un hotel de su propiedad en Punta Cana. Casualmente el Grupo hotelero Martinón también aparece en los papeles de Panamá.