El juez investiga también un delito electoral
El juez investiga, a instancias de la fiscalía anticorrupción, un presunto delito electoral del PP de Rita Barberá
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Cadena Ser
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Valencia
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga también la comisión de un posible delito electoral por parte del PP de la ciudad de Valencia, dentro de la pieza que investiga el supuesto blanqueo de 50.000 euros por el que ya constan como investigados nueve de sus diez ediles.
Fuentes jurídicas han explicado a la Ser que este delito se desprende directamente del de blanqueo. La presencia de un importante paquete de dinero de procedencia dudosa con el que la exsecretaria del grupo popular MariCarmen García Fuster devolvía, presuntamente, las donaciones de los ediles y asesores hoy investigados y que tenían como finalidad, precisamente, pagar campañas electorales.
En esta parte de la investigación ha sido clave el registro en casa de García Fuster. Allí los investigadores encontraron abundamente documentación bancaria que acredita ingresos que posteriormente la propia García Fuster confirmó que procedían de aportaciones realizadas por particulares de las que se hacía cargo un recaudador que no quiso identificar.
El juez citó ayer al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, para que declare como testigo en la pieza separada del blanqueo de capitales en el grupo municipal popular.
El instructor también volverá a interrogar como investigados al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores de PP en el Ayuntamiento de Valencia.
El supuesto delito de blanqueo, y ahora el de posible financiación ilegal, se investiga en una pieza separada del conocido como caso Imelsa, centrada en el amaño de contratos públicos desde varias administraciones controladas por el PP, entre ellas el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia.
En esta pieza separada, con 47 personas investigadas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores), además del PP como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.