¿Los funcionarios vascos tendrán que acatar la Constitución?
El Gobierno central advierte de que es condición ‘sine qua non’ e insta a que se recoja expresamente en la ley de Empleo Público que tramita el Parlamento vasco
La sede del Gobierno vasco en Vitoria será uno de los edificios sobre los que se actúe / IREKIA
Vitoria
El Parlamento vasco tiene ya en su poder dos escritos remitidos por los Ministerios de Empleo y Administraciones Públicas desfavorables al proyecto de ley de Empleo Público aprobado por el Gobierno vasco y que ahora tramita la Cámara de Vitoria.
Entre otros muchos cambios, el minucioso rapapolvo de Madrid exige subsanar un olvido intencionado y es que la norma vasca no recoge expresamente prometer la Constitución que es condición 'sine qua non' para el acceso a la Función Pública según recuerda el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro y que el Gobierno vasco limita a un genérico "manifiesto de acatar el ordenamiento jurídico".
“Para adquirir la condición de funcionario deberá celebrarse una acto de acatamiento y el Proyecto debe hacer referencia expresa a que en dicho acto se acatará la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento Jurídico” advierte el escrito.
Se trata de una de las múltiples correcciones planteadas en ese doble informe por Madrid que pide hasta corregir la definición que la propuesta legal hace del empleado público (un conjunto de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas) que "se debe clarificar ya que el empleo público no es exclusivamente puestos de trabajo”.
Otro de los requerimientos advierte sobre la inconstitucionalidad de las distintas fórmulas que contempla la normativa vasca para funcionarizar interinos como "pruebas selectivas restringidas" a empleados públicos que podrán ser convocadas con carácter excepcional, por ejemplo, en ámbitos de la administración con elevadas tasas de interinidad.
Según explicó en su día el portavoz y consejero vasco del ramo, Josu Erkoreka, la idea es "preservar ese capital humano y no perder sus destrezas adquiridas durante años", pero Madrid alerta de que dicho procesos restringidos “vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad" recogidos en la Constitución al tiempo que recuerda que “han sido prohibidos en reiteradas ocasiones por los Tribunales de Justicia”.
Así que pide que tal previsión legal sea eliminada del Proyecto, aunque no es la única ya que se detalla un extenso listado de correcciones al interpretar en gran medida que Lakua se “extralimita” en sus competencias, lo que pone en conocimiento de la Cámara de Vitoria que está tramitando este Proyecto que afectará a los 110.000 empleados públicos dependientes del Gobierno vascos, diputaciones y municipios.
En fin, un petardo más en la “traca final” que ayer lamentó Erkoreka en respuesta a los últimos recursos contra normas vascas anunciados en los últimos días por Madrid
