Al límite
El Observatorio de la Discapacidad reclama al Gobierno de Aragón 2 millones de euros para la concertación de plazas residenciales y 1 millón más por las nóminas de los centros especiales de empleo. La viabilidad de estas entidades pende de un hilo. Desde el Ejecutivo dicen que están trabajando pero no dan fechas
Representantes del Observatorio de la Discapacidad / Mónica Farré
Zaragoza
Están al límite. Las entidades del Obervatorio de la Discapacidad intelectual reclaman al gobierno de Aragón 2 millones de euros por 77 plazas residenciales sin concertar y facturas desde 2013 , y otro millón más por las nóminas de los centros especiales de empleo. Aseguran que estas cuantías ponen en riesgo su continuidad.
La Ley de Servicios Sociales aragonesa obliga a concertar todas las plazas residenciales para discapacitados intelectuales. Al coste de estas plazas hay que sumar un millón de euros más por facturas pendientes desde el año 2013.
A esta situación se suma la deuda que el Gobierno de Aragón mantiene con los centros especiales de empleo, y que supone en torno a un millón de euros. La DGA debe hacerse cargo del 50 por ciento de las nominas de los casi 1.000 empleados de estos centros, pero no paga desde hace 6 meses, según estas entidades.
La consejera de Economía, Marta Gastón, les pide paciencia mientras asegura trabajar desde su departamento para reducir los retrasos en el cobro y amortizar la deuda con una linea económica a través de la empresa pública SODIAR, para la que no ha puesto fecha.
