La carta de la discordia
Junta y partidos, éstos con matices, critican al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras intervenir el pago a los proveedores
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha comparecido en rueda de prensa para explicar los datos de déficit público en España / Fernando Alvarado (EFE)
Mérida
La Junta ha recibido una carta del Ministerio de Hacienda para iniciar el procedimiento de retención de dinero si la administración regional no rebaja el plazo medio de pago a proveedores. Una medida coercitiva que se extenderá hasta que la comunidad cumpla con el plazo máximo de pago previsto, 30 días, durante seis meses consecutivos.
Un procedimiento de retención, que podría alcanzar unos 50 millones de euros al mes, y del que la Junta tuvo conocimiento a través de una carta que llegó el pasado viernes, según la consejera horas después de aprobarse los presupuestos. La decisión que, si no se levanta, supondrá una retención procedente del FLA o de la financiación autonómica; dinero que el Estado se quedaría y sería el gobierno de la nación el que pagaría a los proveedores. Pilar Blanco Morales-Limones considera la medida irresponsable y explica que los presupuestos aprobados contemplan acciones para reducir ese cuello de botella del pago del SES, que según la consejera en dos meses podrá ver su mejora.
La consejera asegura que es una nueva amenaza del Ministerio y muestra su voluntad de negociar con el gobierno de la nación para levantar ese embargo. Por otro lado, la Junta ha presentado este lunes el Plan Económico y Financiero (PEF), un plan de ajuste que el gobierno exigía para, por ejemplo, otorgar los 66 millones del primer trimestre del FLA. En ese plan la Junta también plantea una operación de endeudamiento de 240 millones para el Servicio Extremeño de Salud para cumplir con sus proveedores.
Según sus cálculos, con este préstamo podría alcanzar en julio el plazo que exigen las normas sobre morosidad y estabilidad, un periodo medio de pago por debajo de 30 días. Además, la consejera insistía este martes en la voluntad de la Junta en cumplir con el objetivo de déficit en 2018, pero sin recortar los derechos esenciales de los ciudadanos. Por ejemplo, los 170 millones de la liquidación de 2014 que la Junta recibirá este año se destinarán a la reducción del déficit y así hasta cubrir los 400 millones de déficit que hay que pagar durante los tres próximos años.
Mientras tanto, el presidente de la Junta ha pedido una reunión al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para transmitirle que Extremadura destinará al objetivo de la consolidación fiscal "todos los nuevos recursos" que obtenga. Sin embargo, Guillermo Fernández Vara ha advertido a Montoro que los objetivos de déficit no recaerán en la población extremeña, pues la Junta "no destrozará la vida a la gente por mucha carta que mande".
Más reacciones
El presidente del PP extremeño, Jose Antonio Monago, cree que el gobierno de Vara debe explicar todo esto, debe explicar en qué consiste el PEF enviado a Hacienda, pero niega que el problema del déficit en España se deba a regiones como Extremadura.
Desde Ciudadanos consideran que Montoro vuelve a castigar por segunda vez a Extremadura. La portavoz de la formación naranja en Extremadura, Victoria Domínguez, advierte de que la retención de más de 50 millones de euros al mes de financiación a Extremadura tendrá inevitables consecuencias sobre el presupuesto que se acaba de aprobar y rechaza de plano cualquier recorte que pueda producirse.
Podemos critica el doble rasero de Montoro que trata de diferente forma a las comunidades autónomas, aunque su portavoz, Álvaro Jaén, asegura que la Junta se podría haber anticipado con medidas como una auditoría de la deuda, una propuesta de la formación morada que rechazaron PP y PSOE.
El PSOE califica de chorizada lo que Montoro está haciendo con Extremadura y su portavoz parlamentario, Valentín García, denuncia el trato discriminatorio del ministro de Hacienda con la región a la hora de exigir cumplimiento del déficit frente a otras comunidades autónomas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha precisado que el dinero que retendrá a Extremadura y Aragón de los fondos destinados a pagar directamente a los proveedores de estas dos administraciones no es una "sanción". Fuentes de ese Ministerio han dicho a EFE que el viernes el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió sendas cartas a esos dos gobiernos autonómicos, en las que les comunica esa retención por incumplir la ley de Morosidad. Ambas comunidades, según Hacienda, ya fueron advertidas hace dos meses y han seguido incumpliendo el plazo de 30 días para el pago a proveedores, por lo que les informa en la misiva de que se les aplica el artículo 20 de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite la retención de recursos para pagar directamente a los proveedores.
