La fianza del piso, al depósito público
El Gobierno vasco obliga a los propietarios de viviendas y locales a que entreguen la fianza en el fondo Bizilagun
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Cartel de alquiler en un bloque de pisos. EFE
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Bilbao
Cambian las reglas del juego en el mercado de la vivienda con la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del decreto que regula el registro de contratos de arrendamientos. El primer decreto de la Ley de Vivienda busca aclarar los pagos en negro en este sector. El objetivo es ofrecer mayor seguridad a los inquilinos y analizar de forma fiable la situación del mercado de viviendas de alquiler en Euskadi.
A partir de este 30 de marzo, los caseros con un contrato en vigor desde el pasado 26 de septiembre tienen un plazo máximo de tres meses para depositar la fianza en el fondo público. Los contratos que se formalicen a partir de ahora, verán reducido ese margen en un mes. La cuantía es de una mensualidad en los pisos y de dos en otros inmuebles.
La norma contempla sanciones para quienes incumplan esta obligación. Si se ingresa fuera de plazo tendrán un recargo del 2% y las multas oscilarán entre los 300 y los 3.000 euros. El casero, además, tendrá que justificar este pago ante el inquilino entregando la copia correspondiente.
Las haciendas forales confían en que esta medida sirva para aflorar los pagos en negro, especialmente cantidades no declaradas por parte de los propietarios a través del IRPF. Estiman que podrían regularizarse unos 76.000 alquileres.
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