Diez años de la operación Malaya

Málaga

Una década desde que el 29 de marzo de 2006 agentes de la policía nacional irrumpieran en dependencias municipales y detuvieran al núcleo duro de la mayor trama de corrupción político-urbanística desarticulada hasta la presente en España. Una veintena de arrestados sólo ese día y bienes incautados por valor de 2.600 millones d euros. Una operación de tal magnitud que terminó con la disolución del Ayuntamiento de Marbella que pasó a manos de una gestora.

El 27 de septiembre de 2010 un total de 95 personas se sentaban en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia de Málaga.

Dos años y doscientas sesiones después el juicio quedaba visto para sentencia.

El fiscal del caso, Juan Carlos López Caballero pedía una sentencia ejemplar: “Esperamos una sentencia ejemplar contra estos comportamiento, relativos a la corrupción, aquí se está combatiendo un aspecto de la corrupción que, yo creo, es muy importante, como es el relativo al enriquecimiento ilícito de personas vinculadas con la administración pública”.

Al final del juicio los acusados tomaban la palabra, entre ellos el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca:” Tengo que manifestar que lamento profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos de Marbella”, el ex alcalde Julián Muñoz:” Yo lo único que estado es tres años en la cárcel por haber dado licencias, porque así lo indicaban los técnicos”; y la que fuera primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos: “Que soy inocente, absolutamente, de todos los cargos que me han imputado”.

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En octubre de 2013 se conocía la sentencia que condenó a 46 personas por lo que la Sala consideró el sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca". El ex asesor de urbanismo era el verdadero alcalde y ejercía el poder al que se plegaban los concejales condenados para obtener beneficio a través de operaciones urbanísticas a cambio de repartir sobres entre ediles y personal de su entorno.

En 2015 el Supremo confirmó en sustancia la sentencia inicial con penas que sumaban más de ciento treinta años de prisión y multas económicas que rondan los 500 millones de euros.

El presidente de la sección primera de la Audiencia de Málaga, José Godino, pedía en sentencia que el dinero de las multas recayera en las arcas del Ayuntamiento de Marbella, vacías y endeudadas después de más de quince años de gobierno del GIL: “No es justo que , como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras que el dinero y los bienes decomisados reviertan en otras localidades distintas”.

Una demanda a la que se han sumado, en estos años, los regidores de la ciudad, entre ellos el actual alcalde de Marbella, José Bernal: “Nosotros creemos que buena parte de los ingresos de esas multas vengan a la ciudad de Marbella, nadie puede entender que sean cuestiones de blanqueo porque aquí la verdaderamente perjudicada ha sido la ciudad de Marbella en un caso de corrupción específico”.

Se cumplen diez años del caso Malaya. En la actualidad se está ejecutando la sentencia, poco o nada queda del GIL. En la cárcel 24 condenados por los hechos incluidos tres ex alcaldes de Marbella, una decena de concejales y varios abogados y testaferros que Roca utilizó para blanquear el dinero que ganó a manos llenas.