Pilar de la Horadada, enfrentada por la municipalización

Alicante

Alicante no es el único municipio de la provincia donde se debate la municipalización de las contratas.

En Pilar de la Horadada, el municipio más meridional de la provincia de 23.000 habitantes, donde durante más de 20 años (excepto la pasada legislatura, que tuvo al PP al frente) ha gobernado el PSOE, este punto estaba también en el acuerdo que en su día firmaron los socialistas con el concejal de Podemos, para que éste se abstuvieran en la investidura del alcalde, Ignacio Ramos. (De otra forma, con 10 concejales, éste quedaba en minoría para gobernar, frente a los 7 del PP y los 3 de Unión Pilareña).

Ahora Podemos denuncia el incumplimiento del acuerdo por parte del primer edil, al oponerse éste a la remunicipalización, tras alegar éste en el último pleno que la Ley de Estabilidad presupuestaria de 2012 impide de forma taxativa cualquier tipo de remunicipalización.

Podemos ha reclamado estudios económicos que justifiquen esta negativa, mientras el Ayuntamiento ha encargado su propio análisis a un catedrático de la Universidad de Alicante, Francisco Menargues, según el cual, municipalizar el servicio más cuantioso, el de limpieza de colegios y dependencias municipales, costaría 241.000 euros más y asumir a la plantilla de más de 40 trabajadores.

El alcalde, Ignacio Ramos, dice que de momento la adjudicación se había paralizado a la espera de contar con este estudio económico, que recomienda seguir, dice, con la privatización.

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Pero Podemos se reafirma en la "absoluta legalidad de la recuperación de los servicios públicos privatizados con anterioridad". Pedro Benítez, del Círculo en Pilar, dice que "es la apuesta de los ayuntamientos que están por el cambio", aunque el alcalde ahora esgrima motivos económicos.

Insisten en que hay cuatro formas diferentes de ejercer la gestión directa, siguiendo lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, que son: la gestión por la propia Entidad Local; por un oganismo autónomo local; por una entidad pública empresarial local o, en cuarto lugar, por una sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

La situación la han puesto en conocimiento también del Consejo de Transparencia de la Generalitat Valenciana, así como las peticiones presentadas ante el alcalde de la localidad para instar la nulidad de oficio de las contratas de basuras y limpieza de edificios.