Aumentan las agresiones a sanitarios

Bilbao

Coincidiendo con el día nacional en contra de las agresiones a sanitarios, el Consejo de Médicos del País Vasco ha presentado las conclusiones de la última encuesta realizada a los profesionales de la medicina en 2015.

En Euskadi, según los datos uno de cada tres sanitarios ha recibido a lo largo de su carrera profesional algún tipo de agresión. En 2015 el 9,9% de los médicos entrevistados ha sido agredido, en su mayoría mediante insultos, amenazas o coacciones, un 1,6% responde afirmativamente ante la pregunta de si hubo agresión física.

El perfil del agresor es de un varón de entre 30 y 50 años en su mayoría de origen estatal. Y en cuanto a la persona agredida, normalmente se trata de mujeres dedicadas a la medicina general o familiar. Algo que llama la atención es que solo el 7.3% de los agredidos cursó una denuncia mientras el resto argumenta “no haber dado importancia a lo ocurrido”. Teniendo en cuenta que la mayoría de afectados presenta su denuncia en Osakidetza por proximidad, esto hace que los Colegios de Médicos no cuenten con el registro total.

En general, la sensación de los sanitarios es de que se han incrementado las agresiones en los últimos años y se ha ido perdiendo el respeto hacia su figura. Algo que les preocupa ya que consideran que no se trata solo de un problema de violencia sino que conlleva un deterioro de la relación de confianza entre paciente y profesional y repercute en la salud y calidad de vida de este último. Por ello, desde los Colegios de Médicos de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa piden más implicación de las administraciones públicas bajo el lema “tolerancia cero”. Y han sido estos tres Colegios Médicos vascos pioneros en la lucha contra las agresiones a personal sanitario al firmar en 2007 un protocolo de actuación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con el que se acordó que los fiscales pudieran solicitar a los jueces que las agresiones físicas o la intimidación grave al médico se pudieran tipificar como delito de atentado a la autoridad, con penas que podrían elevarse hasta con tres años de cárcel. En 2015 se ha conseguido trasladar esta ley a nivel estatal, dentro del Código Penal.