El COF insiste en que los abortos practicados en Galicia no cumplen los protocolos
La Plataforma en defensa do dereito ao Aborto se reunirá para consensuar nuevas medidas de actuación
Hospital Materno Infantil, A Coruña / Google Maps
A Coruña
La Plataforma en defensa do dereito ao Aborto se reunirá esta tarde para consensuar nuevas medidas de actuación para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investigue el trato que reciben las mujeres que se ven obligadas a abortar en el segundo trimestre de gestación en los hospitales del Sergas, después de que ésta archivara las diligencias informativas. No descartan respaldar a las afectadas, que han tenido que pasar solas ese trago y sin asistencia médica, para que denuncien de forma individual, tal y como requería la fiscalía para poder actuar. Rocío Fraga, concejala de Igualdade y miembro de la plataforma.
La concejala de Igualdade no descarta respaldar a las afectadas por el trato en los abortos
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Responsables del Centro de Orientación Familiar de A Coruña, centro por el que deben pasar todas estas mujeres antes de decidir dónde abortar en el segundo semestre de embarazo, denuncian que el Sergas no está cumpliendo en estos casos los protocolos internacionales.
Son los que informan a estas mujeres de las opciones que tienen. De acudir al Materno Infantil o de trasladarse a un centro privado en Madrid, con mejor atención. Un viaje por el que la Xunta sólo subvenciona el kilómetraje. Según datos del COF de A Coruña, el 5% de los abortos que se tramitan son en el segundo semestre y de ellos, mas de la mitad, se realizan, en el hospital de A Coruña. Xosé Anxo Vidal, director del COF de A Coruña.
El director del COF de A Coruña señala que el protocolo de aborto del Sergas no coincide con el internacional
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Representantes del COF y del Ayuntamiento señalan que, a su juicio, esta falta de atención a estas mujeres no corresponde con cuestiones de recortes económicas o falta de personal, sino a motivoz, claramente, ideológicos.
La fiscalía alega en su escrito que la denuncia tiene más que ver con disfunciones en la prestación de servicios competencia de la administración sanitaria y no queda justificada su intervención. Señala que contra este decreto no cabe recurso sin perjuicio de que se pueda presentar denuncia por estos hechos.
