Sanidad asciende a dos médicas investigadas por la Justicia

La gerencia del Hospital Gregorio Marañón ha nombrado coordinadoras del Departamento de Anatomía Patológica a dos de las profesionales que la Fiscalía considera implicadas en el caso de las pruebas médicas que destapó otro patólogo del centro en 2015. El Ministerio Fiscal considera que están relacionadas con el entramado que supuestamente empleó durante años medios públicos para pacientes de centros privados. Lo más llamativo del caso es que ascienden a estas profesionales que están siendo investigadas cuando la Comunidad se ha personado en el caso como acusación particular.

Ha pasado un año desde que el patólogo Juan Carlos Martínez, el mismo que ahora denuncia este ascenso, desveló la trama. La denuncia, que materializó Comisiones Obreras, llegó hasta los tribunales donde la causa se sigue instruyendo. La Fiscalía ha pedido la imputación de 12 trabajadores o extrabajadores del Departamento de Anatomía Patológica. Dos de ellas son las dos doctoras que se encargan actualmente de coordinar el servicio. Esta decisión se ha tomado después de que la Fiscalía enviara al juzgado su escrito de denuncia en el que dice asegura que estos 12 sanitarios "durante una serie indeterminada de años llevaron a cabo en el laboratorio de Inmunohistoquímica, el análisis de muestras de Clínicas privadas donde los denunciados prestaban sus servicios o tenían algún tipo de relación". Después, según el documento del Ministerio Fiscal, remitían los resultados a las clínicas privadas "y eran facturadas a los pacientes de las mismas, utilizando indebidamente los servicios públicos".

El patólogo Juan Carlos Martínez considera escandaloso que la Comunidad de Madrid "juegue a dos barajas". "Por un lado se persona como acusación particular y por otro lado pone a dirigir un servicio a personas a las que el fiscal pide que se tome declaración como imputadas. No se puede poner a la zorra a cuidar de las gallinas", ha denunciado. Martínez recuerda que, después de su denuncia, los responsables del hospital abrieron una investigación y encontraron apenas una veintena de biopsias privadas realizadas en la pública. Un hecho que, según el propio informe del Gregorio Marañón, no constituye una ilegalidad. Sin embargo, cuando la inspección sanitaria analizó esos mismos datos, el resultado cambió de manera considerable. "Encontraron 1.755 biopsias privadas de fuera del hospital. Por tanto, siendo benévolos, podemos decir que los responsables del Gregorio Marañón no hicieron un trabajo muy fino. La interpretación maliciosa es que querían tapar el asunto y cubrir y proteger a los supuestos corruptos", asegura Juan Carlos Martínez. Hasta ahora lo único que ha hecho la consejería de Sánchez Martos ha sido sancionar con uno o dos meses de suspensión de empleo y sueldo a los responsables del servicio, para los que la fiscalía pide su imputación. Una sanción administrativa por no solicitar la compatibilidad para ejercer simultáneamente actividad pública y privada. El castigo no es en ningún caso por realizar pruebas para otras clínicas con medios del hospital. Desde la dirección del centro hospitalario aseguran que no se ha nombrado de manera oficial a las doctoras, sino que han sido sus propios compañeros los que las han seleccionado. Mantendrán el cargo hasta que la gerencia del Gregorio Marañón nombre un nuevo jefe de departamento.