La Zona Franca de Cádiz pide cárcel para su director pero le mantiene en el cargo

Cádiz

La Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca de Cádiz en el conocido como caso Quality Food, pide siete años de cárcel para su actual director, José Manuel Fedriani, por malversación de caudales públicos. Pero, a pesar de la gravedad de esta reclamación, le mantiene en el cargo. Los abogados del Estado piden la misma pena para el ex delegado del PP, Miguel Osuna. Es la misma petición que realiza el PSOE, que ejerce la acusación particular.  

El escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso la SER, es claro al reclamar cárcel para José Manuel Fedriani, entonces jefe de gabinete del ex delegado del PP Miguel Osuna. Para ambos pide siete años de prisión por malversar caudales públicos al haber ayudado y apoyado, a espaldas del comité ejecutivo de la Zona Franca, al empresario Manuel García Gallardo, quien, según este escrito, estafó con cantidades millonarias al Consorcio para crear una empresa de alimentación llamada Quality Food.

Todo ocurrió desde los años 2000 a 2004 en la última etapa de Aznar al frente del Gobierno. Se da la circunstancia de que la Abogacía del Estado representa los intereses de la Zona Franca. Es decir, que es la Zona Franca la que pide cárcel para su propio director pero el actual delegado, Jorge Ramos, también del PP, la mantiene en ese puesto. Esta singular situación ya ha provocado consecuencias judiciales, como el hecho de que García Gallardo haya recurrido este escrito de acusación por realizarse sin pruebas y con documentación que ha podido ser alterada por el propio Fedriani, quien como director de la Zona Franca sigue teniendo acceso privilegiado a los datos, informes y cuentas del organismo que la ha denunciado.

La Abogacía del Estado y el PSOE reclaman la mayor pena para el empresario Manuel García Gallardo, para quien piden un total de 17 años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta por estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación. Se le acusa de ser el promotor, junto con familiares y colaboradores, de crear la empresa Quality Food con el fin de menoscabar el dinero público de la Zona Franca y de subvenciones públicas europeas y estatales.

El caso se remonta al año 2000 cuando García Gallardo, entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando, creó la empresa Quality Food Industria Alimentaria S.A, una compañía de alimentación para crear platos preparados y servir en comedores, cuarteles, hospitales y otras instalaciones públicas y privadas. La empresa se asoció con la Zona Franca, cuando Osuna era delegado y Teófila Martínez presidenta del pleno del Consorcio, para instalarse en el recinto fiscal. El PP presento varias veces esta compañía como un modelo y un ejemplo a seguir en el mundo empresarial.

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La compañía creció y consiguió varias subvenciones para crecer pero, según la Abogacía del Estado y el PSOE, lo hizo con simulaciones de facturas por obras que no se cometieron. La concesión de subvenciones obligaba a ampliaciones de capital para las que, según estos escritos, el entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, maniobró para ayudar a García Gallardo a conseguir sus propósitos, algunas veces a espaldas del comité ejecutivo del Consorcio. Algo que hizo, con la connivencia, según estos escritos, de su entonces jefe de gabinete y actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani.

Las relaciones entre García Gallardo y Osuna se rompieron al estallar las presuntas irregularidades y eso fue lo que llevó al entonces delegado a anunciar las querellas contra el empresario en 2004 que terminaría presentado su sucesor en el cargo, el socialista José de Mier. Nacía así el caso Quality Food. En principio, Osuna quedó excluido de la investigación penal pero un giro en la investigación determinó que en su actuación pudo haber malversado con dinero público, lo que llevó también a imputar a José Manuel Fedriani. El entonces consejero de la Zona Franca y concejal Ignacio Romaní, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, llegó a ser llamado como imputado, pero, finalmente, tras recurrirlo, quedó apartado de la causa y declaró como testigo.

La presentación de estos escritos de calificación acercan el final de esta dilatada instrucción que investiga hechos de hace 16 años. La jueza Rosa María García Jover ha instado a las partes a presentar estos textos de acusación, aunque todavía falta el de la Fiscalía Anticorrupción, que, si no hay sorpresas, se parecerá mucho a los de la Abogacía del Estado y el PSOE.

Ambas partes, además de las penas de cárcel, piden multas millonarias. A García Gallardo, Osuna y Fedriani les reclaman que paguen 7.353.398 euros como indemnización a la sociedad a la que, presuntamente estafaron, la actual Desarrollos Empresariales Zona Franca, antigua SOGEBAQ. También piden que se anulen todos los acuerdos entre el Consorcio y Quality que no tenga efecto la sentencia que, por la vía mercantil, obliga a Zona Franca a pagar a García Gallardo más de 19 millones de euros. Un dinero que está retenido hasta que se resuelva esta vía penal.