Una auditoría fiscalizará los doce últimos años de gobierno popular

Alicante

Al final no será una comisión de investigación, como pedía Compromís, sino una auditoría, con la enmienda de Ciudadanos apoyada por el PP, el instrumento encargado de fiscalizar la gestión de la Diputación en los tres últimos mandatos, con los populares José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor al frente.

Así se ha aprobado en un pleno muy tenso y caótico, con dudas de la propia interventora, a raíz de esta moción de Compromís, respaldada desde un principio por el PSOE e IU, en un intento por llevar al PP a "retratarse" sobre la transparencia en la institución provincial.

El caso Brugal, Fitur, las contraciones de personal en esos doce años, la dudas sobre financiación ilegal a través de la Diputación de Alicante o si está relacionada con la Operación Taula, son algunas de las cuestiones que Compromís pretende desvelar.

Los populares, que han llegado a proponer "in voce" su propia enmienda en la que querían que el período se remontase hasta el año 78, no han hallado el respaldo de Ciudadanos y se han inclinado por apoyar la enmienda de este partido, con lo que la investigación se aplicará a esos últimos doce años y se encargará a un organismo externo.

La votación ha estado salpicada de cruces de acusaciones con los grupos de la oposición, a quienes los populares han acusado de querer montar, con esta propuesta "un circo de tres pistas". Lo decía primero el portavoz, Carlos Castillo, y lo remarcaba después el presidente, César Sánchez.

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Desde Ciudadanos, Fernando Sepulcre se salía por la tangente, tachando de "poco precisa" la propuesta de Compromís de la comisión de investigación y optaba por una auditoría externa "para evitar la sospecha de su utilidad partidista".

Algo que ha rechazado de plano el portavoz socialista, José Chulvi.

Y el promotor de la comisión, Gerard Fullana, de Compromís, que ha lamentado que el PP haya dejado sin efecto su moción para sacar adelante la de Ciudadanos como enmienda a la totalidad, y ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales, tras las dudas planteadas por la propia interventora, acerca de este procedimiento.

El veto a las mociones de la oposición es algo que al unísono, de hecho, ya denunciaban antes del pleno los cuatro grupos -PSOE, Compromís, Ciudadanos y Esquerra Unida- con una nueva concentración de protesta a las puertas del Palacio Provincial y un comunicado, donde rechazan que el PP haya sacado del orden del día una moción para rebajar la asignación a los grupos políticos. El PP alega que ya se ha debatido en plenos anteriores.