Un funcionario asegura que la mayoría de las empresas justificaban los cursos de formación

Sevilla

Daniel Fito, un alto funcionario de la delegación de Empleo en Sevilla, investigado en el caso de los cursos de formación, ha dicho que casi el 100 % de las empresas justificaban el destino de la subvención recibida pero el problema se presentaba porque la administración tardaba demasiado en comprobar esa documentación. De hecho ha ofrecido un dato para apoyar el argumento, cuando fue nombrado jefe de servicio en 2011 estaban comprobando la documentación presentada en 2009 por las empresas que habían recibido subvenciones para impartir cursos de formación.

Fito ha explicado que la ley andaluza permitía a la Junta conceder nuevas subvenciones, que no pagarlas, aunque no hubiera terminado el proceso de justificación por parte de la administración; por eso se hacían las exoneraciones o exceptuaciones. Dos palabras que no pueden asociarse con perdonar a las empresas la justificación del destino dado al dinero público que habían recibido.

Es decir, este investigado ha basado su defensa en argumentar que es legal conceder una subvención a una empresa aunque la Junta no hubiera terminado el proceso de comprobación de la justificación presentada por la sociedad. Y ha diferenciado entre la concesión de la ayuda y el pago de la misma, que no era posible sin que la Junta hubiera terminado el proceso de justificación.

Un informe presentado por la Junta en el juzgado que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación incide en los mismos conceptos y explica que la exceptuación de una subvención "en ningún caso supone ni permite dejar de cumplir con la obligación de justificación"