El proyecto del soterramiento toma oxígeno
Todas las administraciones muestran satisfacción ante el acuerdo para refinanciar los créditos y revisar el convenio de 2002 con un proyecto viable y realista
Oscar Puente y Manuel Saravia (captados de espaldas) asisten a la reunión con el secretario de Estado y el consejero de Fomento / Agencia Ical
Valladolid
Este viernes se desbloquean las cuentas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad gracias al acuerdo logrado en la reunión de la entidad que engloba al Ministerio, Junta y Ayuntamiento. "Hay esperanzas para la integración del ferrocarril en la ciudad", concluyó Oscar Puente a las 19:00 horas, después de una jornada plagada de incertidumbres, incluida la posibilidad de finiquitar la Sociedad pública.
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La Junta de Castilla y León liderará el proceso de refinanciación de la deuda de los 404 millones de euros, aunque los bancos ya disponen de los 60 millones aportados por la Administración Central. Además, se agilizará al máximo el traslado de los talleres y se trabajará en un proyecto viable del soterramiento, más realista que el planteado inicialmente de 5 kilómetros, aunque ninguno de los interlocutores precisa la "redimensión" del túnel ni la forma de eliminar la barrera del ferrocarril.
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El convenio firmado en 2002 entre el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de Valladolid en aquel momento, Javier León de la Riva, será revisado y en este proceso se incluirá la financiación y las diferentes alternativas del soterramiento.
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Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento, comprometió el liderazgo de la Junta de Castilla y León en las negociaciones con las entidades bancarias. "Trataremos de llegar a un acuerdo; creo que lo conseguiremos", declaró el consejero.
Para el alcalde de Valladolid el escenario a partir de hoy es "completamente distinto", entre otros motivos, porque se planteará a los bancos un plan para devolver los 404 millones de euros con intereses más bajos (hasta la fecha los préstamos han generado unos costes financieros de 109 millones de euros) y un periodo de carencia para que las administraciones dispongan del tiempo suficiente para elaborar un proyecto susceptible de ejecución.
