El director del SAE defiende la legalidad en la readmisión de trabajadores del MEMTA

Sevilla

Dos directores gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAE) han defendido hoy ante la juez que les ha citado por presunta prevaricación la legalidad de todas las actuaciones que han emprendido con los 18 asesores de empleo que fueron despedidos y que denunciaron en los tribunales esa decisión.

Ante la juez de instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores Canales, han comparecido como investigados el director del SAE, Julio Samuel Coca Branes, y su antecesor, Antonio González Marín, que este mes fue nombrado director general de la agencia Idea y dirigió el servicio de empleo entre junio de 2012 y julio de 2015.

Ambos han declarado tras una denuncia presentada por 18 de los 413 ex asesores de empleo Menta que fueron despedidos a finales de 2013 una vez que el Gobierno central dejó de subvencionar ese programa.

El primero en comparecer fue el antecesor en el cargo, Antonio González, quien ha explicado que, tras los fallos judiciales favorables a los despedidos, se optó por indemnizarlos en vez de readmitirlos, para lo que en 2105 se presupuestaron cinco millones de euros, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Después compareció el actual director del SAE, quien ha dicho a la juez que los criterios sobre recurrir o no las sentencias los estableció el servicio jurídico de la Junta sin interferencias de nadie más, y ha agregado que no recibió ningún requerimiento de ningún juzgado para ejecutar las sentencias de los despedidos.

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Iván Escalera, uno de los abogados de la acusación, que representa a 17 de los 18 denunciantes, ha dicho a los periodistas que los acusados "han negado las evidencias", como que se pagaron las indemnizaciones a los despedidos, y ha afirmado que los dos se han excusado en que los despidos se produjeron por las limitaciones presupuestarias.

Tras las comparecencias de ambos, la Consejería de Empleo ha emitido un comunicado en el que asegura que ambos directivos "han puesto de manifiesto claramente la intencionalidad impropia" de la denuncia" así como "la ausencia de interés legítimo de los denunciantes" para formular las acusaciones contenidas en la misma.

Los directores gerentes del SAE han explicado a la juez que "en ningún caso" esta agencia pública se ha negado a readmitir a los trabajadores "de manera arbitraria e injustificada" cuando cuenta con sentencias de despidos nulos firmes, como denuncian los 18 ex asesores, subraya la Consejería.

Ambos altos cargos han aportado al juzgado 54 documentos oficiales que, según la Consejería, "desmontan las acusaciones de estos 18 exasesores", que fueron despedidos como consecuencia de los recortes en Políticas Activas de Empleo en el Presupuesto General del Estado.

Todos los despidos serán declarados improcedentes en firme, una vez se aplique la doctrina del Tribunal Supremo en sus respectivos casos, ha subrayado la Consejería y el abogado de los dos acusados, Juan Carlos Alférez.

En letrado ha destacado que "tras las claras explicaciones ofrecidas por lo directores gerentes" y con los "rotundos informes y documentos acreditativos de la verdadera situación producida respecto al colectivo Memta, la denuncia queda completamente desmentida al acreditarse que no existe la menor irregularidad, ni tan siquiera administrativa".

Por ello, ha mostrado su confianza plena en la Justicia y "en que la causa termine archivándose en el menor tiempo posible".