El juez cita a Juan José Rubert por el caso PIAF
Al ex alcalde de Vila-real del Partido Popular está acusado por presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos
Radio Castellón
Vila-real
El juez cita a declarar como imputado al ex alcalde de Vila-real del Partido Popular, Juan José Rubert, por presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos por el caso PIAF, en el que se investiga una supuesta falsedad de facturas que fueron pagadas por el Ayuntamiento a la empresa constructora.
Al parecer, el juez ha observado indicios de delito en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vila-real, en unas facturas pagadas por valor de 600.000 euros y que firmó Rubert como alcalde en funciones, después de las elecciones de mayo de 2011. Unas facturas por unos servicios, que según han testificado los técnicos municipales, PIAF no llegó a realizar.
Benlloch habla del caso PIAF
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El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, además de Rubert, ha citado al que fuera vicepresidente de la Diputación de Castellón, Ramón Tomás, en este caso en calidad de concejal de servicios públicos, al técnico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zorrilla, y al ex presidente de la constructora PIAF, Antonio Pons. Todos están llamados a declarar como imputados el próximo 14 de marzo a las 12 del mediodía.
El actual alcalde de Vila-real, el socialista, José Benlloch, ha explicado que cuando llegaron al gobierno descubrieron que existían más de 9 millones de euros en facturas, y después de consultar con los técnicos decidieron no pagar los 600 mil euros a la empresa PIAF.
Para el presidente de PIAF, Antonio Pons, esta causa se suma a que Fiscalía Anticorrupción pide para él 6 años de prisión por Gürtel, la trama que investiga una presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunitat, al parecer Pons entregó al PP en 2007 más de 26 mil euros euros y en 2008, 4.400 euros.
La trama hacía aparecer las aportaciones de los empresarios como pago de servicios prestados a sus empresas, aunque Anticorrupción está convencida que era una tapadera para financiar a los populares a cambio de favores.
