Santamaría: "Me enteré por la SER de que los terrenos eran de Martínez"
El ex alcalde de Borriol ha declarado ante el juez que no lo encontraba normal y que prefirió parar la expropiación en el Pleno antes de incurrir en algo más grave
Paula Varella
Castellón
Hoy ha terminado en la Audiencia Provincial de Castellón la segunda sesión del juicio en el que se juzga al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, por un supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción de la depuradora de Borriol. El ex alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, ha declarado ante el juez que desconocía que los terrenos eran de Martínez y que eso era responsabilidad de los técnicos.
Ayer prestaron su testimonio Francisco Martínez y sus dos hijos y hoy han declarado los tres acusados restantes, el ex alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, el socio de Francisco Martínez, Raúl Babiloni, y el empleado del mismo que figuraba como apoderado cuando se firmó el convenio de expropiación de terrenos.
Adelino Santamaría ha declarado hoy ante el juez que se enteró por la Cadena SER de que los terrenos donde iba a ubicarse la depuradora pertenecían a la empresa de Francisco Martínez y de sus hijos. Dice que se lo dijo su teniente de alcalde, Iván Pauner, media hora antes del pleno en el que se iba a aprobar la expropiación de terrenos, y que decidió paralizarlo porque “no lo encontraba normal” y no quiso incurrir en algo más grave. También traslada la responsabilidad a los técnicos que redactaban los informes.
Cabe recordar que esta emisora lo hizo público tras conocer que el grupo de la oposición, Compromís, había interpuesto una denuncia a la Fiscalía.
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Adelino Santamaría, ex alcalde de Borriol
Hoy también han prestado su testimonio el socio y amigo de Francisco Martínez, Raúl Babiloni, y su empleado, que figuraba como apoderado y según el Fiscal, pretendía ocultar la relación de los terrenos con la familia Martínez. Babiloni asegura que desconocía las competencias que Francisco Martínez tenía en la Diputación, pero reconoce haberle vendido la parcela afectada por la construcción de la depuradora a su hija Andrea.
Fiscalía pide para los acusados entre 2 y 4 años de presión por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. El juicio continuará el próximo lunes con la declaración de algunos de los 19 testigos que figuran en la causa.
