Bravo apuesta por retirarle el aforamiento a los políticos

Valencia

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado hoy que los aforamientos "exigen una revisión" y ha abogado por suprimir esta figura en los diputados porque hay "un número excesivo", aunque no en jueces y fiscales porque afectaría a su equidad, transparencia e incluso imparcialidad. Estarían expuestos a cualquier querella si sus decisiones no gustasen o se consideraran desproporcionadas.

La consellera ha protagonizado esta mañana el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum ha reiterado hoy su indignación por los casos de corrupción, ya que minan el sistema democrático y aumentan la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos Respecto a la operación Taula  está convencida de que es el momento de la justicia y se exigirán todas las responsabilidades a quienes hayan utilizado los cargos públicos y las instituciones para enriquecerse, y  opina que ,como en otros países, las dimisiones de los que ostentan cargos públicos, deberían ser independientes de los tiempos procesales.Gabriela Bravo ve "admirable cómo se precipitan las dimisiones al margen o no de las tramitaciones y los tiempos de la justicia" en otros países de Europa para que la ciudadanía sepa que "quien está al frente de responsabilidades públicas debe tener un código ético superior", y ha lamentado que eso no ocurra en España.

La consellera ha abogado por revisar los procedimientos administrativos e incorporar nuevos elementos de control para evitar la corrupción y ha apostado por "redefinir y potenciar" las funciones de órganos como la Sindicatura de Cuentas, "que debería haber ejercido ese control".

La justicia como motor de la economía

Durante su intervención, ha defendido que la Justicia tiene que ser "uno de los motores" del cambio y "corrector de la desigualdad" y que invertir en Justicia es hacerlo en el desarrollo económico y por eso el Consell se ha comprometido a aumentar progresivamente su presupuesto.

Ha apostado por mejorar el modelo de contratación pública y diseñar un sistema de empleo público "prestigioso", y entre otras medidas, ha abogado por revisar el tipo y contenido de las pruebas de acceso, no para acabar con las oposiciones sino para modificarlas y "dar más valor" a supuestos prácticos y ejercicios de destreza y "rebajar el peso de los exámenes teóricos".

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"Hay que convertir la administración pública en un factor de impulso y dinamización de la economía y no en una rémora como hasta ahora", ha agregado Bravo.

Ha anunciado que ya han empezado los trabajos para el desarrollo autonómico de la Ley de Memoria Histórica y de revisión del modelo de justicia gratuita, y ha defendido medidas como la mediación y el arbitraje y su objetivo de erradicar la violencia machista, incidiendo en la prevención, especialmente, en el ámbito educativo.