El Ayuntamiento pedirá que no se ejecute la sentencia del 'mamotreto'
El PSC tilda de escándalo la decisión mientras que el gobierno local se aferra al último informe favorable a mantener el inmueble
El edificio de aparcamientos se encuentra en el frente de la playa de Las Teresitas. / EFE
Santa Cruz de Tenerife
El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá la inejecución de la sentencia de derribo del ‘mamotreto’ en la playa de Las Teresitas. Fuentes cercanas al consistorio han asegurado a la SER que esta decisión viene determinada por el último informe realizado por la Dirección de Infraestructuras y Servicios Públicos del propio Ayuntamiento, en el que se alude a que no es necesario demoler el edificio de aparcamientos en su totalidad. Todo ello a pesar de que existen tres informes jurídicos, amén de la sentencia, que aconsejan la demolición. En este sentido, el portavoz del PSC en el consistorio capitalino, José Ángel Martín, considera que se trata de un escándalo. "Nos resulta inconcebible que habiendo tres informes de los miembros más destacados de la Corporación local que obligan al derribo, el alcalde se agarre a un único informe realizado por personal de confianza y por lo tanto muy político, para evitar ejecutar la sentencia a la que está obligado". El grupo de gobierno ha declinado realizar valoraciones de forma oficial, si bien fuentes del Ayuntamiento han explicado que, de no solicitar al juzgado la inejecución de la sentencia, se podría incurrir en prevaricación, una consecuencia de la que se advierte en el último informe confeccionado por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios Públicos. Por su parte, el grupo municipal socialista santacrucero pedirá explicaciones en la próxima comisión de control.
Informes negativos
Los dos informes encargados por el alcalde, José Manuel Bemúdez, sobre el encaje de parte del ‘mamotreto’ en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGO) han resultado negativos reafirmando el dictamen de la Gerencia de Urbanismo realizado el pasado 10 de diciembre de 2015 en el que se concluía que el edificio no puede legalizarse y debe cumplir con la sentencia de derribo. “Se trata de un informe jurídico y otro dictamen por el secretario general, Luis Prieto González, en el que se indica que al no existir "en el momento actual una ordenación pormenorizada completa y suficientemente precisa, no resulta posible legitimar ningún tipo de actividades de ejecución de la urbanización o uso del suelo”. Ya son tres informes municipales los que avalan al consistorio a la demolición del inmueble además de la sentencia que obliga a ello.
