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FUNNYDENT

Registran 2 domicilios relacionados con el responsable de Funnydent

Detall de la clínica dental Funnydent, a Mataró. Imatge del 29 de gener de 2016. (Horitzontal) / Jordi Pujolar (ACN)

Detall de la clínica dental Funnydent, a Mataró. Imatge del 29 de gener de 2016. (Horitzontal)

Madrid

La Policía Nacional ha registrado hoy dos domicilios relacionados con el responsable de la cadena Funnydent, Cristóbal López, detenido ayer por una supuesta estafa tras el cierre de sus clínicas dentales que ya acumula más de cien denuncias de afectados ante dependencias policiales.

Según fuentes policiales, en los registros los agentes se han incautado de varios ordenadores y de un coche de alta gama.

López, de 48 años, está imputado de un delito de estafa después de la clausura de los nueve centros que tiene en España (siete en Madrid y dos en Cataluña).

El responsable de la cadena dental sigue detenido en dependencias de la Policía en Móstoles, donde declarará primero ante los agentes y luego pasará a disposición del juez, aunque no se prevé que hoy se le traslade al juzgado de guardia correspondiente.

Las mismas fuentes han explicado que la Policía Nacional ya ha recibido denuncias de un centenar de afectados por el cierre de las clínicas, aunque seguramente habrá más interpuestas ante otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

López fue arrestado ayer por la mañana en el barrio Arroyo del Molino de la localidad madrileña de Navalcarnero, pero el caso se lleva en la localidad vecina de Móstoles porque es allí donde la Policía inició ayer la investigación tras recibir por la tarde numerosas denuncias de clientes de la cadena dental.

Miles de pacientes y numerosos trabajadores se han visto afectados por el repentino cierre de las clínicas.

Funnydent tiene clínicas en los madrileños Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, así como en las localidades barcelonesas de Sabadell y Mataró.

Los afectados por el cierre aseguran superar el millar de personas y denuncian que se han quedado "con tratamientos a medio hacer con las consecuencias graves para la salud que esto conlleva".

A través de la plataforma Change.org, donde llevan recogidas más de 1.600 firmas, han iniciado una campaña en la que, además, piden ayuda al Defensor del Pueblo.

 
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