La denuncia de una antigua religiosa fue el detonante
Todo empezó el día después de Reyes. Ese día, una antigua monja del convento de las Mercedarias presentó ante la brigada de Extranjería de Madrid la denuncia que desató los acontecimientos y que fue trasladada a Santiago. Allí, la titular del juzgado de Instrucción número 1 autorizó un dispositivo para comprobar si las religiosas, de origen indio, estaban retenidas contra su voluntad en el convento de clausura.
El sábado tomó declaración en el juzgado a las cinco religiosas. Dos de ellas decidieron volver al convento y las otras tres se negaron; desde entonces, permanecen bajo tutela de la jueza en una casa de acogida. El Arzobispado de Santiago ha negado a la Cadena SER que las monjas permaneciesen obligadas en el convento, pero sí reconoce que las cinco habían solicitado la dispensa de votos, trámite necesario para abandonar la vida religiosa, y que estaban esperando su resolución cuando la jueza apareció en escena.
Desde el arzobispado aseguran que el permiso de residencia de las monjas estaba vinculado a su permanencia en la orden, pero fuentes consultadas por la SER apuntan a que pasados cinco años en el convento de Santiago, legalmente, las mujeres no podrían perder los papeles. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma también que la jueza investiga la deportación, en 2011, de otras dos monjas con permiso de residencia y si las tres que el sábado abandonaron el convento tenían acceso a su documentación para poder salir libremente. Añade que no ha habido detenciones y que, por el momento, nadie ha sido llamado a declarar.
El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, consideró lo sucedido "gravísimo" y aseguró que, si se confirma, habrá que "depurar responsabilidades". Teme que, incluso, pudiésemos estar "ante un caso de trata".
