Quinto cumpleaños de los ERE
Es este martes y se celebrará con la declaración del exconsejero Antonio Fernández. Tanto él como el presidente Griñán y otros exaltos cargos se oponen a que la investigación se amplíe año y medio
Cadena SER
Sevilla
En el quinto cumpleaños del caso de los ERE vuelve a prestar declaración el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, uno de los investigados que está en libertad bajo fianza. Anticorrupción ha pedido que sea citado para ampliarle sus cargos.
Es este quinto aniversario, tanto él como el expresidente Griñán y otros exaltos cargos han dicho que se niegan a que la pieza que les afecta, la del llamado procedimiento específico, se declare de especial complejidad. Lo que significa que continuaría un año y medio más la instrucción.
Eso supondría echar por tierra, dicen, el derecho a un proceso sin dilaciones y no poner freno al vértigo de este procedimiento.
Hace cinco años que la jueza Alaya abrió las diligencias previas 174/11 con la declaración del exdirector de Trabajo investigado, Javier Guerrero, que le había contado a la Policía que la partida con la que se pagaban los expedientes de regulación de empleo en los que habían aparecido intrusos, como el de Mercasevilla, era la 31L. Hace cinco años de aquel momento y hoy hay casi 500 personas investigadas por conceder, tramitar o recibir indebidamente el dinero de la 31L.
Una partida que cada año se dedicaba desde 2001 a pagar subvenciones excepcionales, que no se tramitaban siguiendo los criterios de la Ley de Subvenciones porque no se les daba publicidad para que cualquier empresario en crisis pudiera acogerse a ella.
La Junta pagaba esas ayudas directas usando transferencias de financiación, transfiriendo dinero desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA. Una fórmula que la Intervención General consideraba inadecuada, no ilegal, y así lo advirtió en reiterados informes.
Con este método las solicitudes de ayuda y los expedientes de concesión estaban en Empleo y los expedientes de pago estaban en otro organismo, en la Agencia Pública IDEA.
Así empezó Alaya a construir una pirámida que ha terminado con el pronunciamiento de un juez del Tribunal Supremo. Alberto Jorge Barreiro, como Alaya, ve indicios de delito en la actuación de los expresidentes Chaves y Griñán. Pudieron prevaricar al permitir que la Junta otorgara ayudas directas a empresas y ayudas socio laborales usando un sistema claramente ilegal para conceder subvenciones. Así que los dos han tenido que dejar sus escaños como los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, en el que también aprecia el Supremo un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
La macrocausa ha cambiado de manos porque la jueza Alaya ha querido irse a la Audiencia de Sevilla. Y también ha sido dividida para enjuiciarse por partes. La que afecta a los expresidentes y a otros 50 exaltos cargos se llama la pieza del "procedimiento específico". Y la terminará de instruir el juez Álvaro Martín, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
La Guardia Civil, que relevó a la Policía en la investigación, tiene pendiente de instruir más de la mitad de las ayudas que concedió el Gobierno andaluz con esa partida llamada 31L.
