Seis imputados por el caso Alumbrado

Cádiz

La Policía ha dado por finalizada la que ha bautizado como Operación LED, la investigación abierta sobre las irregularidades detectadas en las contrataciones del alumbrado de Cádiz, bajo el gobierno del PP. Esas indagaciones han concluido con dos funcionarios municipales y cuatro trabajadores de empresas concesionarias imputados por prevaricación, fraude y malversación. Gran parte de las pesquisas han sido posibles gracias a grabaciones, en las que también se recogieron conversaciones de ediles del PP.

La investigación, que instruye el juzgado de instrucción número dos de Cádiz, se inició de manera rocambolesca en 2009 cuando el entonces director de Tráfico y Alumbrado del Ayuntamiento de Cádiz, Germán Molina, denunció en comisaría irregularidades en una oferta de licitación. Pero esa denuncia se le vino en contra al presentar uno de los denunciados, el gerente de la empresa Imesapi, Juan López Gallardo, una serie de grabaciones que reflejaban esas supuestas ilegalidades en las contrataciones municipales.

El primer teniente de alcalde, Martín Vila, ha dicho que este caso es muestra del "oscurantismo" con el que gobernaba el PP.

La denuncia entonces se ceñía en el contrato de mantenimiento y conservación convocado el 15 de octubre de 2008, en una mesa en la que los concejales del PSOE e IU, Marta Meléndez y Sebastián Terrada, se opusieron a que resultara ganadora una unión temporal de empresas del grupo ETRA, por estar sancionada anteriormente por el Ayuntamiento. Los votos del PP fueron fundamentales para la adjudicación final. El gobierno justificó su postura en que tenía el aval de los técnicos, en este caso, de Molina y del entonces responsable de Contratación y Compras del Ayuntamiento, ambos imputados y ya fuera del Consistorio. La denuncia alertaba de que se había beneficiado a esta empresa a pesar de que la mejor oferta era la de INDRA.

El juez ordenó primero a la UDYCO y después a la UDEF, especializada en delitos económicos, esta investigación que ahora ha concluido avalando las sospechas de irregularidades. Según un comunicado de la Policía, se ha podido determinar que "de manera intencional se alteraron los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debería haber sido legalmente la adjudicataria y para el propio Ayuntamiento, al haberse contratado servicios por precios superiores".

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La operación revela, además, que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a las contrataciones y Germán Molina, que ahora se deberán concretar en una nueva investigación.

Las grabaciones recogidas en esta investigación ya fueron noticia hace dos años cuando se descubrió que en ellas aparecían ediles del gobierno del PP como Juan Antonio Guerrero o Francisco Carnota. Este último fue grabado pidiendo al gerente de la empresa Imesapi un contrato para un ahijado al tiempo que le prometía un contrato en una obra por 120.000 euros. Ningún miembro del gobierno del PP ha sido imputado en la causa.