Las gasolineras ‘fantasma’ han destruído un centenar de empleos en la provincia

Málaga

Las asociación de empresarios de gasolineras y los sindicatos denuncian la "competencia desleal" que ya suponen los surtidores "low cost" de carburante que alcanzarán la treintena en las próximas semanas en la provincia.

Ofrencen precios más económicos a cambio de no tener personal para atender al cliente que llega a esta gasolinera, paga con la tarjeta y se autoserve el combustible. Ahora mismo ya se están construyendo 25 de estos surtidores low cost en Málaga lo que empieza hacer mella entre las 300 gasolineras tradicionales que se contabilizan en la provincia.

El sector denuncia además la connivencia de algunos ayuntamiento que estarían percibiendo un céntimo por cada litro de gasolina que venden las "low cost" a cambio de la licencia municipal. Los empresarios ya han recurrido algunas de esta autorizaciones.

Los expertos advierten además de la mala calidad del líquido que suministras y las graves consecuencias que puede tener para el motor.

El secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, ha presentado esta mañana una rueda de prensa donde han intervenido el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Manuel Cerrejón, el responsable de gasolineras de CCOO de Andalucía, Esteban Chamorro, su homólogo en Málaga, Javier Pérez, Francisco Marín, vicepresidente de la Asociación de Estaciones de Servicios en Málaga, y un representante de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (AGAVECAR), Ignacio Fernández.

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Todos los asistentes han coincidido en afirmar que la proliferación de las gasolineras desatendidas o “fantasmas” agreden al empleo, a los consumidores y a las personas con discapacidad reducida. En este sentido han asegurado que este tipo de establecimiento no cuenta con personal y está totalmente automatizado. Además, incumple el Real Decreto 537/2004 (BOJA de 23 de noviembre), según el cual, en sistemas de autoservicio, debe haber, por lo menos, una persona responsable en horario diurno, de 07:00 a 22:00 horas. También supone un riesgo para los consumidores como el acceso al suministro de combustible fumando, derrames de hidrocarburos, discriminación a minusválidos o no tener acceso a hojas de reclamaciones.

En relación al empleo, según un informe de CCOO, en estos momentos hay alrededor de 1.400 personas trabajando en unas 240 gasolineras en la provincia de Málaga. Durante los últimos meses se han abierto un total de 14 gasolineras desatendidas y ya están tramitadas la licitación de otras 14. Su instalación ha supuesto la pérdida de unos 80 puestos de trabajo, y el sindicato estima que si el resto de gasolineras se acogen a esta modalidad, estarían en peligro los 1.400 empleos, más los miles de empleos indirectos que general el sector.

Este tipo de gasolineras están contando con el apoyo de los ayuntamientos de los municipios donde abren, como es el caso Coín, Mijas y Antequera. En este punto, Esteban Chamorro ha criticado que “después del despropósito que significa abrir gasolineras sin personal que atienda sus instalaciones, hemos asistido al engaño por parte del Ayuntamiento de Coin, que significa el acuerdo firmado con Oil Petroleum.

“Nos quieren vender, por no decir tomar el pelo, que el acuerdo es con fines sociales, pues la gasolinera pagará un impuesto revolucionario de 1 céntimo, por cada litro repostado. Lo que no dice este acuerdo es que el cambio de organización de esta gasolinera solidaria, ha significado el despido de tres trabajadores que pasarán a engordar las ya generosas listas del paro de nuestra Comunidad. Sería más solidario usar este céntimo para paliar, en parte, los efectos del paro que recaerán sobre estos tres trabajadores”. El representante sindical ha finalizado afirmando que “el mejor programa social, es aquel que respeta el empleo existente y trabaja en retomar el que hemos perdido en estos últimos años”.

Finalmente los asistentes han informado del manifiesto que han firmado de forma conjunta donde explican dichas cuestiones y exigen a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones públicas que frenen esta escalada de despropósitos y hagan cumplir el Decreto 537/2004.

También reivindican que las corporaciones locales incorporen el contenido de este Decreto y lo lleven a cabo en sus municipios, y que la Junta de Andalucía vertebre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de personas con discapacidad, sindicatos y asociaciones empresariales del sector, en el desarrollo de futuras actuaciones.