El juez reactiva el 'caso Atlante' con la citación de los técnicos imputados

Santa Cruz de Tenerife

Tres técnicos municipales del Ayuntamiento de La Orotava deberán comparecer los próximos 11, 12 y 15 de enero en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la localidad norteña como imputados por la comisión de un presunto delito contra el patrimonio histórico. Se trata de la reactivación de un caso que lleva más de 11 años de instrucción y en el que están imputados el que fuera el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, el concejal de Hacienda, Juan Dóniz, junto con cuatro técnicos municipales incluido el secretario municipal. La causa penal abierta viene determinada por una denuncia presentada por la Coordinadora Ecologista El Rincón el 18 de septiembre de 2004, por considerar que las actuaciones emprendidas en el derribo del teatro Atlante y de las casas adyacentes podrían ser constitutivas de un delito contra el patrimonio histórico.

Un caso muy mediático

El denominado caso Atlante constituye uno de los procesos judiciales que más repercusión mediática ha tenido en los últimos años en el municipio de La Orotava. Desde que una pala retroexcavadora de la empresa Pejomar intentara derribar parte de la fachada del teatro Atlante el 10 de marzo de 2005, los vecinos han sostenido una ardua y dilatada lucha judicial para que se reconociera que tanto el teatro, en la actualidad semiderruido, como las casas adyacentes tenían valor histórico artístico, y por lo tanto debían haber sido protegidas. Tras sucesivos contencioso administrativos, el Movimiento vecinal Atlante ha logrado que la justicia les dé la razón en cuanto a la ilegalidad de los derribos de las viviendas, concretamente de la casa número 26 ubicada en la calle Nicandro González, además de conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenara la suspensión de las licencias para la ejecución del edificio proyectado en la parcela del teatro Atlante. Con la vía civil agotada, el caso sólo se cerrará mediante el esclarecimiento del posible delito contra el patrimonio histórico, un procedimiento penal que comienza a avanzar.