La justicia da la razón a una profesora interina a la que Educación obligó a hacer un grado para seguir dando clase

Madrid

Beatriz es maestra de primaria - diplomada en EGB- y tiene la especialidad de infantil por la UNED. Además es licenciada en pedagogía y lleva 17 años dando clases como interina. A pesar de su preparación y su experiencia en el año 2013 la consejería de Educación, que entonces dirigía Lucía Figar, publicó una orden que exigía a todos los profesores interinos como ella tener un el título universitario de Graduado  en Educación Infantil  para poder seguir dando clase. Beatriz intentó que le reconocieran sus titulaciones pero no lo consiguió. La consejería le dio la opción de conseguir el título en sólo un año en la Universidad privada Camilo José Cela, gestionado a través de la academia Magister, pagando 4. 800 euros y Beatriz se matriculó. "Cuál fue mi sorpresa que cuando me matriculé me convalidaron todas las asignaturas. Con el título que me decían que no valía me convalidaron todo y me dieron el título de grado que me capacitaba para trabajar al año siguiente", explica.

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Beatriz y otras 24 compañeras recurrieron la orden de la Consejería de Educación ante los tribunales que ahora les han dado la razón. En sentencia firme del pasado 13 de noviembre el Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid ordena a Educación a anular la resolución contra esta profesora, que le impidió trabajar durante un año, y a pagar 400 euros en costas. Pero Beatriz No quiere quedarse sólo en esto: "Ha sido un despropósito total, ha sido una injusticia. Nadie se ha puesto en contacto conmigo y yo lo que quiero es que me recompensen por ese año que no pude trabajar y obviamente que me paguen los casi 5.000 euros que tuve que desembolsar para poder seguir trabajando", añade.

La suya ha sido la primera sentencia de los 25 recursos presentados. Hay al menos otro dictado ya, también favorable, con lo que es previsible que el resto también den la razón a las profesoras frente a la administración.  Beatriz, y sus compañeras, confían en negociar con la comunidad una indemnización y no tener que reclamarla en los tribunales.