Magdalena Álvarez responsabiliza a la Intervención y a Empleo del caso ERE

Sevilla

La exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, ha entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla un informe pericial de cien páginas para defenderse, explicando los conceptos presupuestarios que Mercedes Alaya y Anticorrupción han considerado ilegales en el sistema de pago de las subvenciones excepcionales que se investigan en el llamado caso de los ERE. Álvarez afirma que actuó “con sujeción a la legalidad financiera”.

Él catedrático emérito de Derecho financiero y tributario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo Juan Ramallo Massanet, analiza el concepto de las transferencias de financiación, del control previo del gasto en el administración o la forma en que la Consejería de Hacienda elabora el presupuesto.

El documento recuerda que la exconsejera no recibió ninguna advertencia de la Intervención para impulsar medidas normativas o correcciones ante las irregularidades que detectó la Intervención en el pago de los ERE. El perito explica que la fórmula con la que se pagaron las ayudas, las transferencias de financiación de Empleo a la Agencia pública IDEA, “no representan ningún sistema” para conceder subvenciones ilegales. Son “neutras e inoucas” y no servían para eludir la fiscalización previa de la Intervención. Además, dice, su “virtualidad “se reduce a autorizar créditos por cuanía y finalidad determinada.

“La jueza parte de una premisa falsa”, según el perito. Las transferencias de financiación no pueden ser vistas como instrumento principal de un sistema delictivo o de una trama para adjudicar ayudas arbitrariamente porque carecen de operatividad para laminar controles preestablecidos en otras normas.

El informe pericial considera que la técnica del control a posteriori del gasto es el que se emplea con carácter general en el administración pública europea porque es una técnica “eficaz, reforzada y potente”. La concepción sobre la técnica del control previo de la que parte la imputación, afirma el documento, es “antediluviana” según los expertos de la Unión Europea; en contraposición a las tesis acusatorias de que si hubiera existido un control previo de la Intervención de la Consejería de Empleo se podría haber evitado el supuesto fraude.

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De hecho, Magdalena Álvarez advierte que el control a posteriori que hubo permitió a la Intervención detectar “supuestas irregularidades en la tramitación” de las subvenciones que se estaban dando. Pero la Intervención, advierte, no elaboró el informe de actuación que hubiera acabado con la fórmula de pago.

La exconsejera de Hacienda también pone de manifiesto que su consejería no podía alterar el estado de gasto de Empleo ni modificar sus partidas presupuestarias porque no tenía competencias en la ejecución del crédito. “No podía depender de Magdalena Álvarez el uso, legal o ilegal, de fondos públicos gestionados por la consejería de Empleo”.

El informe pericial también apunta al Parlamento de Andalucía y considera que no cabe eximir a la Cámara por “la mayor o menor dificultad de la materia que aprueba”; ya que el Parlamento aprueba cada año la ley de presupuestos y en ella figuraba la partida 31L y el destino y la finalidad de las transferencias de financiación que se empleaban para pagar las subvenciones investigadas.