No al requisito lingüístico en la función pública

Valencia

La mayoría de sindicatos rechazan que se implante el requisito lingüístico para acceder a la función pública. Esta es una de las principales reivindicaciones de entidades como Escola Valenciana, cuyo presidente Vicent Moreno ha pedido una ley de normalización lingüística y la implantación del requisito este mismo fin de semana. También se lo ha trasladado al president Ximo Puig recientemente.

Sin embargo, excepto Intersindical, que sí se muestra partidario, UGT, CCOO y CSIF se oponen; consideran que hay que valorar y puntuar como mérito el conocimiento de la lengua autóctona pero no hacerlo obligatorio para ser empleado público.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, González Fernández, señala que están a favor de promocionar el uso del valenciano pero no del requisito de manera estándar para todos los puestos de trabajo. En aquellos supuestos en el que el requisito sea absolutamente necesario para desempeñar las funciones, los aspirantes sí deberán acreditar conocimientos de valenciano pero en otros supuestos, para UGT no es necesario.

Un planteamiento similar al de Comisiones Obreras, que además recuerda que hay sentencias que determinan que implantar el requisito afecta a la movilidad de los trabajadores. Desde la Federación de Servicios Públicos de este sindicato, Soledad Fernández, quiere también un requisito pero no de manera uniforme porque además, señala, hay zonas de la Comunitat donde la lengua que predomina es el castellano.

Más tajantes se muestran desde CSIF, Daniel Matoses explica que su sindicato se opone al requisito porque considera que tener conocimientos de valenciano, lengua cooficial, no debe ser requisito sino un mérito a tener en cuenta.

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Una postura totalmente diferente es la de Intersindical, que se muestra totalmente a favor de implantar el requisito lingüístico. Adel Francés afirma que muy pocos puestos de la administración no necesitan dominar el valenciano, sería el caso de electricistas o limpiadores. Sólo en esos casos se podría hacer una excepción, pero en el resto, se tiene que implantar porque cualquier ciudadano, señala, tiene derecho a expresarse en valenciano en cualquier instancia pública.