El fiscal pide 4 años de cárcel para García de Coca y cita como testigos a León de la Riva y Manuel Sánchez
La Fiscalía solicita penas de prisión para varios funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid y 9 promotores inmobiliarios por manipular el PGOU
León de la Riva y García de Coca en la inauguración del edificio de VIVA en la plaza de la Rinconada, junto a tres concejales más del PP en 2006 / Agencia Ical
Valladolid
La Fiscalía solicita penas de prisión para el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, tres funcionarios de alto nivel del Ayuntamiento de Valladolid y nueve empresarios de promotoras inmobiliarias que se vieron beneficiadas por las modificaciones de planos y artículos del Plan General de Ordenación Urbana.
Además, deberán declarar en el juicio por el "caso de la manipulación del PGOU" el anterior alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y Manuel Sánchez, concejal de Seguridad e Infraestructuras.
Las penas más elevadas -4 años de cárcel- se reclaman para Carcía de Coca por los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, tráfico de influencias y un delito contra el patrimonio histórico. Asimismo, la acusación pública propone una multa de 34.000 euros y una inhabilitación para el cargo de concejal durante 43 años.
Cuatro años de prisión también se plantean para Modesto Mezquita Gervás (exjefe del Área de Urbanismo), el arquitecto Luís Álvarez Aller, y José Luís Cerezo Bada (exjefe del Servicio de Urbanismo).
Pero no se acaban en la cúpula del departamento de Urbanismo la petición de penas que implicarían el ingreso en prisión de los procesados: los empresarios inmobiliarios Pilar López Mazariegos, Gonzálo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado y Ramón Herrero Merino deberán de enfrentarse a una petición de dos años y medio.
Y ocho meses de prisión se piden para cinco empresarios más: José Luis González Torres, Eduardo Javier González Torres y el expresidente del Club Baloncesto Valladolid José Luis Mayordomo Martínez (pertenecientes al Grupo Capitol) y dos representantes empresariales de Parkosa, José Ángel Astorga Ruiz y Antonio Roberto Pastrana González .
Los delitos que imputa el juez de Instrucción número 1 de Valladolid son muy graves: contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios. Las empresas que presuntamente han cometido estos delitos son cuatro:Vallenava Capital, Progot Valladolid S.L., Capitol Promociones XXI S.L. y Parkosa S.L.
Según la acusación, estas personas se pusieron de acuerdo con el concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, para obtener por vía del articulado y planos determinadas modificaciones solicitadas por las empresas.
Manipular planos y artículos "a la carta"
Los cambios "a la carta" permitieron incrementos de edificabilidad, facilidades para descatalogar inmuebles protegidos y en la autorización para realizar intervenciones en edificios catalogados. Incluso se permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y la conversión de granjas agropecuarias en complejos residenciales.
Tres casos ilustran el alcance de la manipulación del PGOU, puesto que el documento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia era diferente al aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valladolid .
En la carretera de Madrid el pleno aprobó una promoción de 9 chalets adosados en las inmediaciones de Renault. La condición era que la parcela mínima debía tener 2.000 metros. Sin embargo, los promotores se encontraron con la posibilidad "legal" de construir sobre parcelas de 300 metros. El resultado era claramente favorable a la empresa: podían edificar 124 viviendas donde antes eran sólo 9 viviendas.
En la manzana del edificio de Cáritas, junto a la calle Simón Aranda, la manipulación ha permitido a la empresa una mayor edificabilidad y evitar trámites administrativos. Con los cambios se exime a los propietarios la obligación de ceder el 15 por ciento del suelo para espacios libres públicos y equipamientos. De este modo, se sortea también la obligatoriedad de que de las dos plazas de aparcamiento a construir por cada 100 metros edificables, el 25% estén en terrenos de uso y dominio público, es decir, en la calle.
Otros cambios permitieron a la sociedad Parkosa ejecutar un complejo residencial para personas mayores, con apartamentos tutelados en Arca Real, gracias a un cambio muy relevante en el artículo.
