Un juzgado investiga si el Colegio de Procuradores falseó sus estatutos
La Audiencia obliga a admitir a trámite una querella presentada contra la antigua cúpula del Colegio, entre ellos su actual decano y el presidente del Consejo de Procuradores de España
Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado de la capital que admita a trámite una querella interpuesta contra la antigua cúpula directiva del Colegio de Procuradores de Madrid: según la Asociación para la Defensa del Procurador, la junta aprobó en 2003 una modificación estatutaria distinta a la que finalmente se aprobó cuatro años después, supuestamente sin que se comunicasen dichos cambios y cometiendo delitos de prevaricación y falsedad documental.
Entre los 16 querellados están el entonces decano del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) – y actualmente presidente de Consejo de Procuradores de España – Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, el ahora decano del Colegio madrileño y entonces tesorero Gabriel de Diego y hasta 16 integrantes de la antigua directiva del ICPM.
Según la querella, interpuesta por la Asociación para la Defensa del Procurador, en noviembre de 2003 la junta de gobierno del Colegio de Madrid aprobó modificar sus estatutos para adaptarse al estatuto que regía la profesión a nivel estatal. Un texto de 129 artículos y 4 disposiciones transitorias del que, según la querella, no se volvió a saber nada más hasta su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2007. El problema radicaría en que, según esta asociación, el texto aprobado tenía 20 artículos, 6 disposiciones transitorias y una disposición final que no figuraban en el texto original: cambios en medio centenar de artículos que, siempre según la querella, eran “esenciales para la regulación de la actividad colegial pues entre otros asuntos se regulan los recursos administrativos que los colegiados pueden interponer contra los actos y acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General, así como los ingresos económicos del Colegio, por tanto de su sistema de financiación”.
La querella fue inicialmente archivada el pasado mes de marzo por el juzgado de instrucción número 52 de Madrid, por entender que los delitos que podrían haber cometido habrían prescrito, al presentarse la querella en febrero de 2015, ocho años después de que se aprobasen los estatutos supuestamente fraudulentos.
Una decisión que ahora revoca, en un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, la sección 17º de la Audiencia Provincial de Madrid: asegura que un colegio profesional como el de los procuradores tiene categoría de corporación de derecho público que ejerce a través de su junta de gobierno. Por tanto sí se les puede atribuir un delito de prevaricación, y la fecha de prescripción de este delito expira en una década, por lo que el juzgado todavía estaría dentro del plazo para investigarlo.
