Citados como testigos

Valencia

Como les viene contando la SER la mayoría de esos supuestos "liberados", siete concretamente, están vinculados a las patronales laica y católica de enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana. En principio, y según ambas patronales, se trata no de liberados sino de "colaboradores de formación", o lo que es lo mismo, formadores de maestros y profesores de la concertada.

Pero según documentación del caso a la que ha tenido acceso la SER esas siete personas han ocupado durante años puestos de responsabilidad en ambas patronales y todos cesaron prácticamente a la vez y a petición propia, el mismo mes, en marzo pasado poco después de que estallara el escándalo. Así, esos supuestos formadores de maestros han sido los responsables de departamentos como Formación y Calidad, en el caso del ex árbitro de primera división Ayza Gámez. De departamentos como el jurídico, el de contabilidad... y en su mayor parte una vez desvinculados de esos cargos han retomado algunos su labor docente o se han mantenido en los departamentos que dirigían con otro cargo.

Según esa misma documentación las patronales de la concertada se ahorraron el sueldo de esas personas que cobraron como maestros o como formadores sin serlo realmente y cumpliendo funciones de gestión en ambas patronales muy alejadas de la razón del sueldo público que percibían.

Y de forma prácticamente simultánea la administración firmó nuevos convenios con ambas patronales, como reza el informe de la intervención de la Generalitat, para "ayudar a la financiación parcial de las actividades de formación del profesorado de los centros privados concertados".

Sin embargo, fuentes de las patronales consultadas por la SER afirman que por esas funciones percibieron, en el caso de la patronal laica, una nómina que nada tiene que ver con su sueldo como formadores y que lo acreditarán en sede judicial. En el caso de la patronal católica fue esta la que asumió la nómina de los afectados que no percibían más que un sueldo independientemente de sus cargos en esa misma patronal.

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Recordamos, que según la intervención, la Generalitat habría pagado de forma presuntamente irregular 350.000 euros anuales desde el año 2008 y hasta su cese en marzo de este año.

Esta investigación nace de una denuncia de Compromís y también se refiere a pagos supuestamente irregulares a ambas patronales por valor, según un informe de la Intervención de la Generalitat, de entre dos y tres millones de euros. Los delitos que se investigan son fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. En entredicho está la gestión de los tres consellers que permitieron aquello: los tres últimos responsables de la Conselleria de Educació de los gobiernos populares. Por este orden, Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Catalá.