El juez apunta a una "organización criminal" de agentes, mandos y políticos en la Policía
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Palma de Mallorca
Una "organización criminal" formada por agentes corruptos, mandos policiales y políticos que utilizaba "el chantaje, la coacción y el uso arbitrario del poder en su propio beneficio". Así describe el juez Manuel Penalva la trama corrupta dentro de la Policía Local de Palma, en un auto de prisión duro, en el que pone sobre la cuerda floja a tres comisarios del cuerpo y a dos departamentos, la Patrulla Verde y el GAP.
El juez afirma que los detenidos utilizaron "de forma torticera el poder", actuando de forma organizada "como una auténtica organización criminal, instalados de forma permanente en el delito". El magistrado afirma que la trama ascendía en el escalafón policial a determinados agentes corruptos, para garantizar que perpetuaban la trama delictiva, que actuaba protegida por mandos policiales y cargos políticos.
Su intención, dice, "ha sido la de crear estructura corrupta, dócil y maleable, desde la cima hasta la pirámide delincuencial para actuar con absoluta impunidad". Los policías honrados que lo han denunciado, apunta el juez, "han sido perseguidos, vilipendiados, amenazados y coaccionados".
El magistrado narra varios capítulos que ponen en entredicho las actuaciones de los comisarios Joan Mut y Antoni Morey, actual jefe de la Policía de manera provisional. De ambos dice que son "maestros del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación de pruebas".
El relato del juez sobre las actuaciones de Patrulla Verde en boca de varios testimonios, está plagado de prácticas ilegales. Cobro de sobornos, inspecciones para provocar el cierre de locales, redadas abusivas, incautaciones de droga sin levantar acta...
Los testigos que han declarado ante el juez señalan que los agentes provocaban el traspaso o el cierre de los locales a golpe de inspecciones y sanciones que, según denuncian, "eran ficticias". Muchos de los empresarios aseguran que las inspecciones "eran injustificadas" y en locales contiguos que no respetaban las ordenanzas pero pagaban sobornos a los policías, no ocurría nada. En ocasiones, según el juez, la trama policial cerraba locales para luego regentarlos.
Los propietarios denuncian redadas espectaculares, con chalecos antibalas y escopetas, de forma sorpresiva en algunos bares donde se cacheaba a la clientela pero después no se levantaba acta alguna de la inspección.
Muchos de los empresarios han reconocido que pagaron a los agentes para evitar las multas, obtener licencias o retirar precintos. Uno afirma que entregaba 500 euros semanales a un agente, otro que llegó a pagar 4.000 de golpe. También denuncian que se incautaban de droga en las redadas, pero después no levantaban acta.
Uno de los empresarios denuncia que los agentes se confiscaban la droga, que después consumían en el propio local, junto con alcohol. Otro propietario denuncia que uno de los agentes quitaba la droga a algunos camellos para después venderla él a través de terceras personas.
El juez pone también la lupa sobre el GAP, un grupo que dice, actuaba de manera "descontrolada e interesada" y en connivencia con agentes corruptos de la Patrulla Verde. Dice que se convirtió en un grupo sectario al servicios de determinados intereses policiales y politicos, que según algunos testigos, "no eran lícitos ni legales".
