ASAFRE rechaza que 7.500 hectáreas pasen a ser inundables
El borrador del decreto que modifica el dominio público hidráulico será la ruina para los municipios con fincas afectadas, según esta asociación. En la primera quincena de noviembre comenzarán a recibir las primeras indemnizaciones
Los representantes de ASAFRE durante la rueda de prensa de esta mañana / Toño Ruesta
Zaragoza
Los pueblos de la ribera pueden desaparecer. Es una afirmación tajante de la Asociación de Afectados por las riadas del Ebro (ASAFRE) a raíz del nuevo decreto sobre zonas inundables que prepara el ministerio y que está en fase de alegaciones. Mientras tanto, y después de nueve meses, podrán empezar a cobrar las primeras indemnizaciones en noviembre.
El borrador del decreto que modifica el dominio público hidráulico, o sea, que señala como zonas inundables 7.500 hectáreas más en Aragón al paso de las riadas, será la ruina para los municipios con fincas afectadas. Si sale adelante, dicen desde ASAFRE, será el apocalipsis para esas localidades.
El presidente de ASAFRE, Alfonso Barreras, argumentaba que "cada 1.000 habitantes hay 10" que se dedican a este sector y, " esos 10 son los que sostienen un municipio, con todos sus servicios". Si esa decena de habitantes desaparecen, desaparecen los pueblos.
Hay 2.500 puestos de trabajo que dependen de estas fincas y piden a las administraciones públicas que se comprometan con esta oposición al decreto sin excepciones para evitar lo que califican como un "trasvase encubierto". Barreras ha remarcado que "estas hectáreas ya tienen un cupo de riego y esta asignación se quedaría neutra y se podría trasvasar a otras comunidades autónomas". Y ha añadido que "si inhabilitamos donde se puede cultivar, esa concesión se podrá trasladar a otras comunidades autónomas".
En la reunión la semana pasada con el consejero Joaquín Olona recibieron la promesa de que comenzarán a recibir el pago de parte de los 32 millones de euros que se les adeudan la primera quincena de noviembre. Además, al consejero también le pidieron ayuda con los pagos que aún se les adeudan de 2013, cuando las ayudas no tenían el soporte de un decreto como en 2015 y que se han traducido en 30 contenciosos-administrativos.
Mientras tanto, esta asociación sigue señalando a los partidos políticos que con este problema de las riadas han mirado hacia otro lado, aseguran, en los últimos 20 años. Los agricultores siguen con su trabajo habitual mientras insisten en la mala previsión y gestión de las administraciones en la crecida de febrero."Ha habido una dejadez durante 20 años que estamos pagando ahora y aquí no se salva ningún partido ni ninguna administración pública y todos han tenido miedo a este toro; no sé por qué".
Insisten en la necesidad de deforestar el interior del cauce, que ayudaría, aseguran, a mitigar las crecidas y a la vez, lamentan que ocurriera lo que ellos ya previeron y además nadie se responsabilice, por ejemplo, de la muerte de 10.000 cabezas de ganado.
