Prisión provisional sin fianza para cinco de los policías detenidos
Este miércoles pasarán a disposición judicial los cuatro policías restantes
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Palma de Mallorca
Prisión provisional sin fianza para los cinco policias locales de Palma detenidos el pasado domingo y que ayer pasaron a disposición judicial. Se les acusa de numeros delitos: extorsión, amenazas, coacciones, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, negociaciones prohibidas, encubrimiento y obstrucción a la justicia, entre otros.
Entre todos los acusados se reparten la imputación de quince delitos diferentes. El juez habla de "verdadera organización criminal" formada por policías, empresarios y políticos. De hecho considera que la cúpula del cuerpo y los cargos políticos cubrían esas actuaciones corruptas. Algunos policías cobraban incluso 500 euros semanales por parte de empresarios a cambio de tratos de favor. Quien no pagaba, según el juez, pasaba a ser un local sometido a numerosas inspecciones sin justificación. Algunos empresarios han dicho incluso que se vieron obligados a cerrar su negocio.
El juez dice que los policías han utilizado "sistemáticamente el chantaje, la coacción , la intimidación y el uso torticero y arbitrario del poder en beneficio propio".
Considera a Gabriel Torres, ex jefe de la Patrulla Verde, el auténtico jefe y cerebro de esta trama de policías corruptos.
Hoy declararán los otros cuatro agentes que todavía continúan arrestados en los calabozos de la policía.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía cree que los agentes de la Policía Local detenidos actuaban como una banda organizada. Cinco de ellos han pasado esta mañana a disposición judicial y están prestando declaración ante el magistrado de instrucción número doce, Manuel Penalva. Uno de ellos se ha negado a declarar, el resto de momento, está contestando a las preguntas del juez. Cuatro de los agentes permanecen en dependencias de la Policía Nacional de Palma y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
Fuentes jurídicas explican que anticorrupción acusa a los agentes de actuar como una banda organizada. La Fiscalía les responsabiliza de extorsionar a empresarios, pidiéndoles dinero y favores a cambio de paralizar órdenes de cierre o denuncias vecinales por ruido.
Anticorrupción cree que podrían haber actuado de forma conjunta, extorsionando y coaccionando a determinados empresarios y pidiéndoles dinero. Otros locales habrían recibido tratos de favor por parte de los agentes, después de haber llevado a cabo los pagos o haber contratado a empresas propiedad de estos policías.
La Fiscalía cuenta con el relato acusador ante el juez Penalva de una veintena de empresarios que han ratificado estas supuestas prácticas llevadas a cabo por los agentes de la Patrulla Verde. Los empresarios han declarado en instrucción en los últimos meses, apuntando que este tipo de actuaciones no se circunscribían sólo al Paseo Marítimo y el Arenal, sino también a otras zonas de la ciudad.