Una nueva IMELSA

Valencia

Arranca una nueva etapa en IMELSA. Sus gerentes anuncian una reestructuración de la empresa pública de la Diputación, que pasa por el sobredimensionamiento del personal y por la asunción de actividades propias de su razón social. Los responsables de la empresa no descartan llevar a los tribunales el último convenio colectivo firmado 15 días antes de las pasadas elecciones, que lastra la solvencia de IMELSA, investigada por la justicia por presunta malversación de dinero público.

Ahora mismo, IMELSA es objeto de tres investigaciones: una de la Fiscalía Anticorrupción, otra de un juzgado y una tercera de la Agencia Tributaria y su imagen está tremendamente dañada por la gestión de los últimos años. De hecho, la pasada semana agentes de la unidad de la UCO de la Guardia Civil se personaron en las oficinas pidiendo documentación relativa a los planes de inversión en campos de fútbol de césped artificial, piscinas cubiertas y campos de pádel. El cogerente de IMELSA, Josep Ramon Tíller, asegura que ellos son los primeros interesados en que se deriven todas las responsabilidades penales relativas a la etapa anterior y promete que a partir de ahora se gestionará la empresa con IMELSA para convertirla en un referente del mundo municipal.

Junto a las investigaciones ya en marcha, también se han encargado auditorías y se ha prescindido de asesoramiento externo contratado por el anterior equipo de gobierno. Respecto a la reestructuración, se ha dividido en cuatro áreas la actividad de IMELSA. Como novedad, la empresa ejecutará proyectos concretos que le encargue el patronato provincial de turismo, que no descarta cambiar la marca de "Valencia Terra i Mar".

Se mantiene la actividad de las brigadas forestales, aunque cien de ellos de más de 50 años podrían pasar a formar parte de las brigadas verdes, encargada de otras labores como las servicultura, limpieza de barrancos o programas de biomasa. Para cubrir el hueco no se descarta contratar nuevos brigadistas, pero nunca de la forma tan opaca como lo hizo el anterior equipo. Opacidad también en el convenio colectivo, firmado por solo uno de los sindicatos, que blinda algunos directivos de la empresa y que podría acabar en los tribunales. Cogerente Agustina Brines:

Se calcula que el 80% de los gastos que tiene IMELSA es de coste de personal. El nuevo equipo cree que la empresa tiene una plantilla desproporcionada, aunque no precisa cuántas personas tendrán que despedir. La pasada semana fueron 15.

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