Madrid pagará facturas para evitar el corte de energía a familias sin recursos
El Ayuntamiento se reúne este jueves con el ministro de Industria para pedirle que amplíe el bono social y espera una respuesta en breve de las compañías a las que han pedido descuentos en los recibos
Madrid
El equipo de Manuela Carmena se ha propuesto que no haya ninguna familia sin suministro de luz, gas o agua por no poder pagar el recibo. El Ayuntamiento de Madrid asumirá el coste de hasta dos facturas impagadas para esas personas en situación de necesidad con el fin de que las compañías no les corten el suministro.
El bono social que aplican las compañías conlleva una reducción del 25% en la factura, aunque el Ayuntamiento les ha pedido que la rebaja sea del 50% a cargo de la responsabilidad social de las empresas. Iberdrola y Gas Natural Fenosa van a contestar entre hoy y mañana. La concejala de Equidad, Servicios Sociales e Igualdad, Marta Higueras, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la voluntad de Ahora Madrid es hacerse cargo de esas facturas si las compañías no asumen la propuesta municipal. Con el Canal de Isabel II, la empresa pública regional responsable del abastecimiento de agua, están previstas reuniones para la próxima semana.
El gobierno municipal añade que está “encantado” con que a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, le preocupe este asunto, están dispuestos a aportar lo que les corresponda, pero consideran que ese fondo solidario hay que complementarlo con otras medidas.
A juicio de Higueras, la coordinación de ese fondo planteado por la Comunidad de Madrid podría ser "fácil" aunque ha descartado ofrecer datos sobre el coste que podría suponer para las arcas municipales porque el "porcentaje" aún no se ha establecido y ni siquiera se sabe si se va a habilitar o no ese mecanismo.
Unas medidas que Marta Higueras va a plantear el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, durante la reunión prevista para esta tarde. El Ayuntamiento propone algunas modificaciones en el acceso al bono social, entre ellas que los Servicios Sociales puedan decretar como vulnerables aquellos hogares donde el consumo energético supere el 10% de los ingresos o se perciba alguna ayuda social como la Renta Mínima de Inserción.
El año pasado 1.141 hogares solicitaron ayuda para poder pagar los suministros energéticos básicos. La inversión para hacer frente al pago de esas ayudas fue de 277.000 euros.
