Admitida a trámite la denuncia de Monago contra sindicatos y patronal
El gobierno del PP la llevó a la Fiscalía por presunto fraude que estimó en unos 3 millones de euros. La Fiscalía practicará pruebas y determinará si hubo o no delito
Monago y los agentes sociales tras la firma del Plan de Reindustrialización / creex.es
Mérida
La Fiscalía Superior de Extremadura ha admitido a trámite la denuncia que el anterior Gobierno del PP presidido por José Antonio Monago por presunto fraude en cursos de formación para ocupados en 2011 contra UGT, CCOO, la patronal de la CREEX y CEPES Extremadura.
La Fiscalía efectuará ahora las pruebas que estime oportunas y si detectara indicios de delito o infracción lo remitirá al juzgado que corresponda.
La vicesecretaria general del PP de Extremadura y exvicepresidenta del Gobierno extremeño con Monago, Cristina Teniente, ha dicho que un "Ejecutivo responsable, como fue el nuestro, fiscaliza" y que si ve indicios de irregularidades lo lleva a la Justicia. Teniente ha pedido respeto "absoluto" al proceso iniciado por la Fiscalía. Y ha criticado la valoración del PSOE.
El portavoz del grupo parlamentario Socialista-SIEX, Valentín García, asegura que "hubo gente que actuó de muy mala manera con muchas cosas en la región de cara a las últimas elecciones autonómicas, entre ellas este tema". García entiende que la Justicia debe "seguir su cauce, que es lo mejor que puede hacer", y con rapidez.
Por su parte, la secretaria de Organización de CCOO, Encarna Chacón, ha mostrado su respeto por la decisión, pero ha exigido que se agilice la tramitación de proceso, ya que a este sindicato "no le cabe la menor duda" de que se archivará. "Desde el primer momento hemos defendido que no había nada, por lo que la tranquilidad al respecto es asombrosa", ha recalcado la dirigente sindical, según EFE.
UGT ya mostró cuando se puso la denuncia el pasado mes de mayo que no conducía a nada y que no había irregularidad alguna en la gestión de los cursos, y en la misma línea lo hizo CCOO. Los sindicatos criticaron a Monago, le acusaron de electoralismo y de reventar con la denuncia el diálogo social.
CEPES también negó que hubiera cometido irregularidades, lo mismo que la CREEX. La patronal extremeña dijo no entender la denuncia y cuestionó el fondo y la forma de la denuncia. El gobierno del PP estimó el presunto fraude en unos 3 millones de euros, la mitad lo imputaba a la CREEX. Curiosamente, tanto sindicatos como empresas criticaron al gobierno de Monago, del que dijeron que debía dinero de los cursos a los agentes socialies implicados y en total por una cantidad cercana, presisamente, a los 3 millones de euros.
