Una mujer víctima de trata, multada con 600 euros por exhibicionismo
La sanción está recogida en la nueva ley de Seguridad Ciudadana y asociaciones como APRAM o Colectivo Hetaira claman contra el Ejecutivo porque suponen un ataque a las propias víctimas
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Madrid
Una mujer víctima de trata de blancas ha sido multada con 600 euros por exhibicionismo obsceno al mostrar su cuerpo en la vía pública, una sanción que está amparada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y contra la que protestan asociaciones como APRAM o el Colectivo Hetaira.
Rocío Nieto, presidenta de APRAM, que es la asociación para la prevención reinserción y atención de la mujer prostituida, afirma que esta multa proviene de una mala interpretación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que no se puede volver a repetir. "La sancionaron con 600 euros. Ella nos llamó y nos dijo que en vez de hacer diez servicios, ahora tendría que hacer veinte. Cuando sancionan a la mujer, aumentan su deuda. Es decir, como ella dice, ahora su deuda es de 1000 euros, no de 300", ha comentado.
Desde APRAM han insistido en la idea de que la sanción recae sobre la propia mujer y no ayuda a combatir la trata de blancas, ya que el importe de la multa, en el caso de que la obliguen a pagar, tendrá que reponerlo ella misma a la mafia que la prostituye, ya que supondrá un aumento de la deuda que esta mujer tiene contraída.
Por su parte, el Colectivo Hetaira ha denunciado que esta denuncia no es un caso aislado y que las autoridades “han comenzado a multar a las trabajadoras del sexo en el Polígono de Villaverde”. Así lo denuncian en un comunicado, dirigido a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa.
"A la Delegada de Gobierno se le ha olvidado un pequeño detalle al anunciar que se utilizará la nueva ley para acabar con este modo de explotación de las mujeres", comienza el comunicado, que insiste en que multar a las personas que son víctimas de explotación no supone terminar con el problema, sino incrementar su deuda con sus explotadores.
"Desde el Colectivo Hetaira denunciamos la violencia institucional contra quienes ejercen la prostitución en las vías públicas, amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana. Se traduce en persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, de convivencia, o de seguridad ciudadana, empeora más, si cabe, las condiciones en las que se ejerce esta actividad. Contribuye al aumento de la vulnerabilidad porque, antes o después, las mujeres buscarán lugares más alejados y, desde ya, deben negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supone la pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc.", denuncian.
Además también ponen el acento en los abusos de las autoridades policiales, que se han incrementado desde la entrada en vigor de la llamada 'Ley Mordaza'. "Insultos, amenazas, vejaciones, chantajes… que contribuyen al clima de inseguridad e indefensión y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier otro tipo de violencia", sentencian.
Cabe recordar que el pasado lunes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados contra la ley de Seguridad Ciudadana y la Prisión Permanente Revisable, dos de las leyes criticadas y contestadas del Gobierno de Mariano Rajoy.
