El Constitucional ampara a dos afectados por el colapso de la justicia madrileña
Dos juzgados de Madrid tardaron tres años en citar a dos inmigrantes para resolver sobre los recursos que habían interpuesto contra su expulsión del país
Legajos amontonados en un juzgado de Navalcarnero / CSI-F
Madrid
Abaga y Edgar no se conocen de nada, pero hace unos años se encontraron con el mismo problema: recibieron una carta de la Delegación de Gobierno de Madrid en la que se decretaba su expulsión de España por un período de tres años. Ambos acudieron a los tribunales para recurrir esta decisión, y sin conocerse tampoco se encontraron en la misma circunstancia: los juzgados en los que cayeron sus recursos tardaron más de tres años en poner fecha al juicio, desde el año 2009 hasta el año 2012.
Ahora es el Tribunal Constitucional el que resuelve estos dos casos en dos sentencias idénticas emitidas el once de mayo en las que otorgan amparo a estos dos hombres y declaran que la situación de colapso estructural de los juzgados – en este caso, los madrileños de lo contencioso administrativo – no justifica el señalamiento de un juicio dentro de tres años, más aún cuando lo que está en juego es la expulsión del país de dos personas y sus respectivas familias.
En ambos casos, fue la Abogacía del Estado la que justificó el retraso en el estado de colapso de los juzgados españoles: asegura que los recurrentes buscan un “ideal funcionamiento” de la justicia “difícilmente alcanzable en un contexto de aguda y profunda crisis financiera”.
Un argumento que el Constitucional rechaza en ambas sentencias: “El hecho de que la demora denunciada se deba a motivos estructurales no imputables directamente al órgano judicial no impide apreciar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera su naturaleza injustificada”, señalan los jueces. Ponen sobre la mesa una sentencia del año pasado, en la que la justicia ya profundizó sobre este asunto: “Por más que los retrasos sean consecuencia de deficiencias estructurales y organizativas, o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso”, indicaba este texto judicial. También señala la sentencia citada por el Constitucional en este procedimiento que “El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional no legitima el retraso en resolver ni limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar”.
Amparo judicial sin consecuencias
En declaraciones a la Cadena SER, Carmen Touza – abogada de uno de los hombres afectados por estas sentencias – afirma que "te hablo dl año 2008, ponemos el recurso en el 2009 y la primera resolución nos señala un juicio para 2012. Este es un procedimiento muy sencillo, esta persona no puede estar en esa situación, no puede estar 3 años pendiente de una sentencia". Asegura también que esta situación no es una excepción en Madrid: "La realidad ahora mismo en Madrid es que los juzgados de lo contencioso que llevan estos temas de expulsiones están señalando juicios en dos o tres años".
En el otro caso, el de Edgar, la orden de expulsión se dio un 30 de octubre de 2009, se recurrió el 19 de noviembre de ese año y se terminó resolviendo en negativa el 20 de febrero de 2012 a las diez menos cinco de la mañana.
En ambos procesos – dos sentencias de las que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez – los jueces amparan a estos dos ciudadanos en términos meramente literarios: se declara que el retraso judicial vulneró su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución) pero no va más allá, al haber concluido ya ambos procedimientos judiciales.
