Una jueza sugiere que la normativa de la Junta propicia el fraude en la formación

Sevilla

La jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dado por terminada la investigación sobre el supuesto fraude en las subvenciones que recibió el empresario José Sivianes para la formación y pide a las partes que soliciten penas o el sobreseimiento de la causa. La magistrada aprecia que alrededor de la empresa Formación Integral para el Empleo, propiedad de Sivianes, ha podido existir una trama organizada de la que forman parte nueve imputados por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental. Los cursos que la Junta subvencionó se impartieron pero a un coste real muy por debajo del justificado ante la administración.

Este empresario recibió en los años 2010, 2011 y 2012 más de cinco millones de subvenciones de la Junta para programas de formación. Para ello, los imputados prepararon supuestamente un entramado documental que permitía justificar ante la administración los gastos, según dice la magistrada. Pero buena parte de esos gastos justificados no se hicieron. "Ello es posible al amparo del sistema que regula la orden que desarrolló el Decreto por el que se regula la formación profesional en Andalucía", señala el auto.

Patricia Fernández explica que cuando la Junta concede la subvención se transfiere al beneficiario el 75% del importe; el 25% restante se aplaza hasta que finalice la actividad y se justifique la subvención. Pero, supuestamente, la administración se limita a ver que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, "no entrando a valorar la realidad de las partidas".

En el caso de la empresa de José Sivianes, según la investigación, los cursos le costaron un 70% menos de lo documentado ante la Junta. "Gran parte del dinero defraudado se canaliza a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia y de la duplicidad en las horas facturadas", según el auto. Si el coste real de una hora de clase de un profesor era de 20 euros se facturaba a 80 euros. O bien, el mismo concepto se factura por duplicado. La empresa de Sivianes supuestamente también facturaba por alquiler de equipos o mobiliario a una coste superior al del mercado. Además los alumnos han manifestado que el material suministrado durante los cursos era justo o escaso.

La jueza Fernández da diez días al Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, una vez que ha terminado esta investigación sobre el dinero para la formación que recibió el empresario José Savianes.

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