Comienzan las declaraciones por los posibles sobrecostes en Arroyo y Portillo
Valladolid
La falta de informes es la razón argumentada por el juez que investiga la compra del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y la adquisición de parcelas para la construcción de un polígono industrial en Portillo, un proyecto que sólo existe en el papel, para suspender las declaraciones previstas y para las que no ha puesto fecha.
Por los juzgados tienen que pasar una treintena de imputados, supuestamente relacionados con la compra del edificio de Arroyo en Valladolid por parte de GESTURCAL, entidad dependiente de la Consejería de Economía y con la compraventa de unos terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo, adquiridos por la Agencia de Desarrollo para la promoción de un polígono industrial, de momento inexistente.
Entre ellos, hay empresarios, ex altos cargos de la administración regional y seis altos cargos que en la actualidad prestan sus servicios en la Junta y que en su momento formaban parte de los órganos en los que se dio el visto bueno a estas operaciones investigadas por la justicia.
Tal y como viene informando la cadena SER desde el año 2013, distintas investigaciones señalan un posible sobrecoste de unos 30 millones de euros que habría sido pagado con dinero público para la compra del edificio de Arroyo. De igual forma, las investigaciones judiciales hacen alusión a la compra de 14 fincas en Portillo para la promoción de un polígono, cuyo coste supuso un desembolso para la administración regional de 35 millones de euros, un precio muy superior al de mercado, tal y como ya manifestó en el juzgado Jesús Carlón, exdelegado en Burgos de Gesturcal. Las declaraciones se prolongarán hasta el mes de octubre.
