Una causa que afecta al número 11 de Cifuentes lleva cuatro años en un juzgado

Madrid

Una causa judicial que afecta al número once de la lista de Cristina Cifuentes, el exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González, lleva cuatro años atascada en un juzgado de esta localidad madrileña: una causa abierta desde febrero de 2011 en la que figura como querellado – no puede ser imputado por su condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia – y que investiga un posible caso de ‘mobbing’ a un policía de Alcalá de Henares y diversas irregularidades en torno a varios agentes que habrían tenido lugar cuando era el regidor del municipio.

Según documentación a la que ha tenido acceso Radio Madrid, la querella de este agente fue admitida a trámite en 14 de febrero de 2011 por el juzgado de instrucción nº 2 de Alcalá de Henares bajo la referencia de Diligencias Previas 1591/2010, por supuestos delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, malversación de caudales públicos, desobediencia y lesiones, y sigue abierta aunque con escasa actividad. Hasta el momento, dos agentes de la policía local de Alcalá de Henares han declarado como imputados para negar cualquier tipo de discriminación o acoso laboral hacia el querellante. González no ha sido llamado a declarar todavía, ni como testigo ni como imputado, lo que según la acusación le sitúa en un “limbo” jurídico.

Una causa en la que se investigan varias cosas: por un lado, el supuesto acoso y maltrato laboral al que habría sometido este agente de la policía local de Alcalá por estar casado con un miembro de la oposición. Entre otras cosas, la querella afirma que ha sido expedientado más de 20 ocasiones por no presentar las peticiones de baja “por el conducto reglamentario”, y también que terminó siendo trasladado al Depósito de Vehículos y finalmente en un punto de control, en “una mesa vacía, en un pasillo vacío, sin nada que hacer, todo el día mirando a la pared” según la querella. La acusación entiende que la afectación psicológica causada al agente está demostrada por diversos informes médicos.

Por su parte, al entonces alcalde y desde 2011 diputado regional por el Partido Popular, Bartolomé González – actualmente el número 11 en la lista de Cristina Cifuentes – le atribuyen diversas decisiones supuestamente prevaricadoras al, según su versión, desobedecer dos sentencias judiciales que le obligaban a impugnar el nombramiento de varios miembros de la policía local de Alcalá de Henares. La Cadena SER se ha puesto en contacto con Bartolomé González, quien ha asegurado desconocer la existencia de esta causa judicial.

Cuatro años en el juzgado

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Una causa cuyo desarrollo se ha ralentizado, y en la que han declarado como imputados dos de los agentes de policía local contra los que se presentó la querella: según ha podido saber la Cadena SER, ambos negaron que existiera ningún tipo de discriminación hacia este agente. Uno de ellos, entonces subinspector de la policía local de Alcalá de Henares, aseguró que el querellante presentaba las bajas con un retraso de hasta 15 días y en el registro del Ayuntamiento, no ante la Plana Mayor policial como, aseguró, estaba estipulado, algo que le habrían advertido sus superiores. Sobre su puesto de trabajo, aseguró este imputado que “jamás hubo ninguna discriminación”, afirmando que “no es cierto que hubiera destinado al querellante a una mesa vacía, ese lugar no existe”, añadiendo que el puesto de control de acceso “es un puesto que todos los policías hacen”.

Esta dilación en el tiempo de las actuaciones ha llevado incluso a la acusación, el policía denunciante, a plantear una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2012. En la queja planteada, también se alegaba que la magistrada todavía no había dado traslado a la Fiscalía de esta causa: “No nos consta que haya emitido informe alguno”, asegura el escrito de los querellantes.

Peticiones de archivo e inhibición

Bartolomé González figura entre los querellados de esta causa judicial abierta, pero su condición de aforado impide que sea imputado ya que esto sólo podría ser llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: la querella fue admitida a trámite meses antes de que fuese nombrado diputado regional en los comicios de 2011. La acusación ya ha pedido, sin obtener respuesta, que la causa sea elevada a este organismo, así como en abril de 2013 solicitó un impulso de la causa, pidiendo la declaración de varios testigos y denunciando que se ha tomado declaración “sólo a parte de los querellados”, en alusión a Bartolomé González. En cuanto a este impulso procesal, el juzgado se negó a practicar las pruebas solicitadas.

Además, según ha podido saber esta emisora, las defensas de los dos agentes de policía imputados han solicitado en más de una ocasión el archivo de la causa, sin haber encontrado tampoco respuesta por parte de la instructora.

Informe de la Inspección de Trabajo

Entre los documentos aportados a la causa existe un informe de la Inspección Provincial de Trabajo fechado en julio de 2011 que apunta a varias infracciones que podría estar cometiendo el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el contexto laboral de los policías de la localidad. Un informe en el que se asegura que “la empresa no reconoce formalmente el derecho de los trabajadores a ejecutar su trabajo en un ambiente social y psicológico adecuado, ni lleva a cabo medidas de prevención cuando aparecen hechos que pueden esta perjudicando la salud de los trabajadores”, destacando también que “están de baja entre 30 y 47 trabajadores de la policía local cada mes”, que en aumento atribuye a “las condiciones sociales y psicológicas en las que se desarrolla el trabajo”.

En este informe, la Inspección Provincial de Trabajo – dependiente del Ministerio de Empleo – exigió al consistorio de Alcalá de Henares que realizase un plan de prevención de riesgos psicosociales, una evaluación anual de reconocimientos de salud a los trabajadores de la policía local, un plan de prevención del acoso de laboral dentro de ese plan general, la adopción de medidas específicas y la repetición periódica de estas evaluaciones para “determinar el nivel de mejora del clima laboral”.