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OPERACIÓN MADEJA

Alaya envía a la Audiencia Nacional el 'caso Fitonovo'

Hay 88 imputados, de ellos 20 son funcionarios públicos que supuestamente recibieron dádivas o regalos a cambio de adjudicar contratos al grupo sevillano Fitonovo

Sevilla

La jueza Mercedes Alaya ha dictado un auto este martes en el que se inhibe del caso Fitonovo, también conocido como operación Madeja, a favor de la Audiencia Nacional. Se trata del caso de la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos a esta sociedad sevillana que entre 1995 y 2013, durante 18 años, pagó 4.300.000 euros en mordidas para conseguir adjudicaciones de contratos en administraciones de distintas comunidades autónomas, según refleja la contabilidad de Fitonovo.

En este procedimiento hay 88 imputados y 20 son funcionarios públicos. También hay exconcejales y altos directivos de la empresa ADIF, dependiente del ministerio de Fomento.

Entre esos imputados hay exconcejales sevillanos de todos los partidos; son Antonio Rodrigo Torrijos, José Manuel García, Joaquín Peña y Manuel Gómez Lobo.

Alaya se inhibe porque los delitos que han podido cometer los inculpados tienen una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, por su extensión geográfica, porque abarca a múltiples administraciones, por su continuidad en el tiempo y por el alto número de implicados, según detalla la magistrada.

La empresa, explica Alaya, obtuvo durante años la adjudicación de contratos en distintas administraciones bien mediante el tráfico de influencias o mediante el pago de regalos.

Las administraciones públicas en las que actuó Fitonovo fueron el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos de Algeciras y La Carolina, las delegaciones del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la administración canaria, y las delegaciones de ADIF en diferentes provincias como Barcelona, Valencia, Zaragoza o Madrid.

La investigación de Fitonovo comenzó porque Alaya ordenó investigar el enriquecimiento supuestamente ilícito de un imputado en el caso Mercasevilla, Domingo Enrique Castaño, que había sido asesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla durante uno de los mandatos del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

 
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