El Constitucional avala el plan de Aguirre para privatizar el Canal de Isabel II
Madrid
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso que el grupo del PSOE en el Senado interpuso contra la ley de la Comunidad de Madrid que, planteada durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta, contemplaba la salida aL mercado y posible privatización del 49% de la sociedad que gestiona el Canal de Isabel II. Los jueces entienden que este plan – aparcado por Aguirre e Ignacio González – no coloca a las empresas privadas en situación de ventaja con respecto a otros posibles gestores y no vulnera ningún tipo de normativa estatal ni tampoco normas de competencia.
En su recurso, los senadores del PSOE denunciaban que esta norma - el punto 5.2 de la Ley 6/2011 de la Comunidad de Madrid - vulneraba la Constitución por varios motivos: que una empresa privada en su 49% altera el sistema competencial en materia de contratación pública al no tener los Ayuntamientos un control análogo sobre ella como si fueran sus propios servicios, en este caso el agua. También que invadía las competencias del Estado en materia de procedimiento administrativo común, y por último que quitaba a los municipios madrileños la capacidad de decidir sobre el agua, aunque aparentemente la norma deje optar por adherirse o no al nuevo sistema.
Argumentos que rechaza el pleno del Tribunal Constitucional en una sentencia firmada el pasado 28 de mayo y a la que ha tenido acceso la Cadena SER: asegura que las denuncias del PSOE son "preventivas" ya que en el artículo cuestionado "nada permite afirmar que la ley impone una encomienda directa, sin seguir procedimiento alguno de licitación, situando a los operadores privados en una situación de ventaja competitiva" ilegal.
De hecho, señalan los jueces que la ley impugnada por el PSOE exige que la gestión de los servicios del agua se lleven a cabo "de acuerdo con los procedimientos establecidos", por lo que no cabe concluir vulneraciones constitucionales ya que si las infracciones sólo se cometerían "si el procedimiento de capitalización no se adecuara a las exigencias de la normativa básica estatal".
Sobre la alegación del recurso, según la cual los Ayuntamientos madrileños quedan condenados a sumarse a este sistema mixto o a no poder prestar los servicios que la ley les atribuye, también emiten los jueces una respuesta negativa: "Los servicios de aducción, depuración y reutilización siguen siendo de competencia autonómica y prestados por la Comunidad, y nada tienen que ver con la encomienda del servicio de distribución de competencia municipal". Ampara - como ya ha hecho en sentencias anteriores - que sea una entidad privada la que gestione este tipo de labores y añade que esto no ataca la capacidad de los municipios para dar servicios públicos: "Cuando los municipios ejercitan su capacidad de decisión y optan por un sistema de gestión de servicios públicos que requiere el uso por un tercero de las infraestructuras municipales, no se produce una lesión de la autonomía local sino, antes al contrario, ello es el resultado necesario de su ejercicio".
Un plan polémico de privatización
El recurso de senadores y senadoras del Partido Socialista fue presentado en 2012 contra una Ley aprobada por la Comunidad de Madrid un año antes, con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad. Una norma que, entre otras cosas, abría la puerta a sacar a bolsa el 49% de la sociedad que gestiona el Canal de Isabel II, abriendo la posibilidad a la compra de acciones y a la gestión privada de determinados servicios. Además de las acciones judiciales emprendidas por el PSOE, también generó un movimiento ciudadano contrario a esta privatización denominado 'Marea Azul'.
Un plan que quedó aparcado, primero por la propia Aguirre y más tarde por su sucesor Ignacio González, por la imposibilidad de encontrar inversores privados dispuestos a pagar el precio que estimó la Comunidad de Madrid, de varios miles de millones de euros. Fue precisamente Ignacio González el que, entonces como vicepresidente de la Comunidad y presidente del Canal, reconoció el fracaso del intento de privatización, asegurando que el mercado hacía "imposible" su venta a pesar de haber recibido diversas ofertas.
