La adjudicación de la mina de Aznalcóllar se ajusta a derecho
Es la conclusión a la que llega en un infome la Intervención de la Junta de Andalucía
Sevilla
Un informe de la Intervención de la Junta concluye que la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar es ajustada a derecho. Lo mismo dijeron los servicios jurídicos de la Junta en otro informe. De esta forma, el gobierno andaluz trata de demostrar que, al contrario de lo que ha manifestado la jueza Patricia Fernández, la adjudicación del concurso no contiene irregularidades y es rigurosa. Esta magistrada está investigando la adjudicación minera a Grupo México-Minorbis.
La Intervención, como los letrados de la Junta, afirma que el concurso minero se rige por la legislación minera y no por la Ley de Contratos del Sector Público.
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El documento explica que la mesa de contratación nombró una comisión técnica para volorar los proyectos, dada la complejidad del análisis de la documentación que habían aportado los licitadores. Esa comisión técnica, estuvo formada por funcionarios y empleados públicos, lo que evidencia, dice el informe, "el carácter técnico y multidisciplinar" del órgano.
Sobre la solvencia del grupo ganador, que pone en cuestión la magistrada, la Intervención manifiesta que Grupo México presentó una copia del informe anual de 2012 donde se comprueba que sus fondos propios son de más de 10.000 millones de dólares, con lo que supera el 30% del importe exigido en el concurso. También Minorbis presentó un Memorandum de entendimiento que la mesa consideró poco claro; lo que le llevó a requerir a Minorbis que acreditara documentalmente que en caso de resultar adjudicataria Grupo México se comprometía a darle solvencia económica y financiera.
Fue tras el requerimiento cuando Minorbis aportó una declaración conjunta en la que quedaba claro que para la ejecución del proyecto Grupo México respaldaba a Minorbis, en los aspectos económicos y técnicos que exigían las bases del concurso.
La comisión técnica vuelve a decirle a la Intervención que se reafirma en las conclusiones y mantiene que el proyecto de investigación, el de explotación y las soluciones de restauración del proyecto ganador son superiores al otro.
